Los funcionarios se han convertido en uno de los eslabones más débiles de la cadena de la que tira el Gobierno para tratar salir de la crisis financieras. El colectivo acumula recortes en sus nóminas y mermas en sus derechos laborales.
El disgusto de este sector se ha multiplicado esta semana tras el anuncio del Gobierno de que suspenderá la paga extraordinaria de Navidad y reducirá los días libres a los funcionarios,según anunció el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,Cristóbal Montoro,el pasado viernes tras el Consejo de Ministros. Pero el real decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado contenía más malas noticias para los 2,7 millones de funcionarios,personal laboral,eventuales e interinos de la administración. La paga de Navidad,que el Gobierno se había comprometido a compensarla en 2015 mediante un ingreso en el fondo de pensiones,queda ahora en el aire. Es decir,el decreto sostiene que la extra de diciembre solo se devolverá si el Gobierno cumple los objetivos fijados en la Ley de estabilidad. Y no hace alusión a ninguna fecha. Es decir si el Gobierno logra llevar a cabo el ajuste de 65.000 millones en las las cuentas públicas y consigue controlar la desviación presupuestaria. “Las cantidades derivadas de esta supresión podrán destinarse en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la contingencia de jubilación,siempre que se prevea el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”,señala el decreto. La medida afectará a todos los trabajadores contratados por la administración pública.
La norma prevé que las administraciones podrán mantener una paga extra en diciembre pero a cambio deberán reducir las nóminas hasta final de año en la parte proporcional equivalente a la paga de Navidad. Además,se especifica que la suspensión de la paga de Navidad afectará a la paga adicional del complemento específico o de las pagas adicionales en ese mes.
Otra de las malas noticias para los funcionarios que esconde el BOE consiste en la posibilidad de suspender o de modificar los convenios colectivos que afecten al personal laboral. De esta forma,el Gobierno se reserva la posibilidad de cambiar las condiciones de trabajo para los más de 690.000 trabajadores pertenecientes a este colectivo. “Los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral,solo cuando concurra causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas. Se entenderá esta situación cuando las administraciones públicas deban adoptar planes de ajuste,de requilibrio de las cuentas públicas para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección de déficit público”,señala el decreto. No obstante,en la grave situación de crisis en la que todas las administraciones públicas soportan profundas desviaciones presupuestarias están obligadas a presentar planes de ajuste y planes de equilibrio financiero.
El Gobierno además ha decidido reducir los días de libre disposición –conocidos como moscosos– y los de antigüedad –los canosos–. Hasta ahora,los funcionarios tenían seis días libres al año. Además,conforme antigüedad,el número de días libres crecía y tenía derecho a más días de vacaciones (hasta cuatro en este último caso). Una vez se publique el real decreto,estos últimos desaparecerán —tanto los días libres como los de vacaciones— y los moscosos se reducirán a tres. De esta forma los trabajadores públicos podrán perder hasta cuatro días de las vacaciones de verano este año. Los canosos,fueron establecidos cuando se aprobó el Estatuto Básico del Empleado público en 2006. Entonces se estableció que a partir de una determinada antigüedad los funcionarios podrían acumular hasta cuatro días libres adicionales que podían juntar con las vacaciones de verano. El nuevo decreto que entra en vigor mañana acaba con esta posibilidad.
El Gobierno también recorta el dinero que los funcionarios y el personal laboral cobrarán durante las bajas temporales. Hasta ahora,la mayoría de empleados públicos,cobraban la totalidad de su nómina cuando estaban de baja independientemente del tiempo. A partir de ahora,para ahorrar y para combatir el absentismo,el Gobierno establece que entre el primer día de baja y el tercero,“se podrá reconocer un complemento retributivo hasta alcanzar como máximo el 50% por ciento de las retribuciones”. Entre el cuarto día y el 20,el salario,incluido el complemento,no podrá superar el 75% de las retribuciones. A partir del día 21 y hasta el 90,se podrá satisfacer la totalidad de las retribuciones básicas.