A. RAMÍREZ .- «Este asunto se ha debatido en el seno de la Fecam y nadie está dispuesto a perder su autonomía»,señaló ayer el vicepresidente en funciones de la federación regional de municipios y alcalde de Agaete,Antonio Calcines,quien recordó que la idiosincrasia isleña va al contrario ya que se ha pasado de 87 a 88 municipios con la constitución de El Pinar,como tercer ayuntamiento de la isla de El Hierro.
El alcalde de San Bartolomé de Tirajana,Marco Aurelio Pérez,estimó que la fusión municipal no es la solución ya que la carga económica de las corporaciones locales son el coste del personal y el de servicios. «El suprimir ayuntamientos no significa que los servicios que se están dando se van a dejar de prestar»,resaltó Pérez.
Los alcaldes están más por la labor de mancomunar servicios. «Esto ya la ley lo permite,pero quizás debería ser obligatorio»,indicó el alcalde tirajanero. Por su parte,Calcines expuso que por la experiencia que tiene con la Mancomunidad del Norte,con diez municipios,»lo efectivo es mancomunar cuatro o cinco servicios y hacerlo bien,porque a veces se pierden esfuerzos cuando se intenta abarcar mucho».
Al contrario de lo que pudiera pensarse,las dos provincias canarias apenas tienen municipios de menos de 1.000 habitantes,cuando en la Península más de la mitad tiene un censo inferior al millar de vecinos.
En concreto,de los 8.914 municipios que hay en España,4.862 tienen menos de 1.000 habitantes. En la comunidad canaria,de los 88 ayuntamientos sólo hay uno con menos de esa población. Es Betancuria,en Fuerteventura. Ya entre 1.000 y 2.000 vecinos nos encontramos con Agulo (La Gomera),Artenara (Gran Canaria),El Pinar (El Hierro),Vilaflor (Tenerife) y Fuencaliente y Garafía (La Palma).
Falta de ingresos
El problema que atenaza a los ayuntamientos es la falta de ingresos que registran con la crisis económica y la obligación que tienen de hacer frente a la devolución de los anticipos del Régimen Económico y Fiscal (REF) que les ha realizado el Gobierno canario y el Estado.
«Nos encontramos que los servicios que se están prestando no se puede seguir como lo estábamos haciendo simplemente porque no hay dinero para hacer frente a los mismos»,explicó Pérez sobre los 30 millones que tienen que devolver este año los municipios con el riesgo de colocarse en ahorro negativo. «A los ayuntamientos se les exonera de determinados servicios o se les busca una financiación especial»,advirtió.
La mitad de los 88 ayuntamientos canarios afronta ya una angustiosa situación financiera para mantener sus servicios. El consistorio palmero de Garafía encendió la semana pasada la alarma al no poder pagar la nómina de sus empleados. Desde la Fecam se solicita una moratoria de dos años en sus pagos al Estado y el Gobierno canario para seguir ofreciendo sus prestaciones. Los cabildos también piden un aplazamiento o moratoria.
