De esta manera,en virtud de este convenio se llevarán a cabo estudios e intercambios de información entre ambas administraciones,relativos a la cadena de valor de diferentes bienes de consumo con el objetivo de reducir los costes insulares y los de la denominada doble insularidad.
Además,se pretende impulsar actividades para la puesta en marcha y creación de infraestructuras y programas necesarios para que los residentes en las islas accedan en condiciones de igualdad a los bienes.
También se constituirá una comisión mixta que determinará las acciones necesarias para materializar el intercambio de información y la elaboración de estudios y que analizará las necesidades y prioridades de programas,proyectos e infraestructuras que se requieren para reducir el coste del hecho insular y de la doble insularidad en materia de comercio interior para proponer e impulsar las acciones necesarias.
En este sentido,se impulsará la implantación y desarrollo de una red de infraestructuras comerciales que redunden en el acceso igualitario a los bienes por parte de los residentes en las islas y se explorará la puesta en marcha,a través de un proyecto piloto,de una plataforma logística virtual con la finalidad de garantizar las condiciones de abastecimiento en condiciones equiparables en todo el Archipiélago.
La firma de este acuerdo se fundamenta en el hecho insular,reconocido en el Artículo 138.1 de la Constitución Española,que señala que el Estado garantizará la realización efectiva del principio de solidaridad,velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español,y atendiendo en particular al hecho insular. Este reconocimiento queda reforzado por la condición de región ultraperiférica que el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea confiere al Archipiélago canario.