Hacer un reparto justo de los recursos disponibles es fundamental para poder responder a las demandas y las necesidades de la ciudadanía,o lo que es lo mismo,cumplir con las obligaciones de toda administración pública,desde el Gobierno del Estado a las Comunidades Autónomas y,por supuesto,las Corporaciones locales.
Hay que tener en cuenta las singularidades de cada entidad y dar a cada uno lo que corresponde en derecho,una premisa que ha llevado a la Federación Canaria de Islas (Fecai) a mostrar un rechazo unánime a la financiación presentada por el Gobierno de Canarias para 2013.
Tres son las claves que justifican la negativa. En primer lugar hay que tener en cuenta que las Corporaciones insulares carecen de capacidad recaudatoria propia; la liquidez de estas instituciones depende de los recursos distribuidos del Bloque Canario de Financiación y los ingresos para competencias transferidas,a las que se vinculan las otras dos claves.
La Comunidad Autónoma plantea una mejora del 4,1 por ciento de los recursos del Bloque Canario de Financiación en base al aplazamiento a 2014 y una previsión de liquidación negativa de 2012,pero la variación real de este ejercicio es del 0,62 por ciento en positivo.
Además,el Ejecutivo regional actualiza los recursos para competencias transferidas conforme al Fondo de Suficiencia Global,que responde a criterios arbitrarios y,por tanto,no ecuánimes. Todos los presidentes de los Cabildos coincidimos en que este criterio debe sustituirse por una evolución similar a lo que recibe la Comunidad Autónoma del Estado.
Así,se deben tener en cuenta datos como que,de acuerdo con el anteproyecto de Presupuestos Generales,ya en tramitación,la financiación para nuestra región aumenta un 0,76 por ciento,pasando de 3.661,37 millones de euros en 2012 a 3.689,02 millones de euros en 2013. Lo lógico sería,por tanto,que se aplicara un aumento semejante desde la Comunidad Autónoma a los Cabildos.
Las Instituciones insulares somos conscientes de la situación económica general es preocupante. Los Presupuestos Generales del Estado son muy restrictivos,pero estas circunstancias no pueden suponer un mayor castigo a Cabildos y Ayuntamientos.
Si se aplicase a los Cabildos el mismo porcentaje de las transferencias que el Estado aplica a la Comunidad autónoma,las Corporaciones insulares obtendrían 104 millones de euros más,cantidad que nada tiene que ver con los 26 millones de euros que se pretende restar y que,sin lugar a dudas,supondrá un problema importante para los Cabildos.
Por el contrario,la Administración autonómica afirma que se beneficia a los Cabildos,pero no se ha facilitado la evolución detallada de la recaudación. Sólo se asegura que caen los ingresos y esta tendencia no coincide con las cifras manejadas por las Instituciones insulares.
Se hace imprescindible un planteamiento transparente; que se faciliten todos los datos,y que se respeten los compromisos institucionales y la legalidad. Así se ha trasladado al Grupo Parlamentario Socialista,al que,aprovechando su reunión en La Gomera,se ha pedido que sirva de interlocutor con el Gobierno para que facilite la información.
No es momento de adentrarnos en nuevas o viejas batallas – las reivindicaciones locales se prolongan desde hace años-. La población requiere que centremos todos nuestros esfuerzos en buscar soluciones a las dificultades que se presentan día a día. Es por ello que los Cabildos apostamos por el diálogo.
Queremos seguir hablando con el Gobierno y con los ayuntamientos,que también están afectados,pero no aceptaremos cuentas que no estén justificadas,además de que algunas Corporaciones insulares ya presentaron reclamaciones al Gobierno sobre las liquidaciones de 2009 y 2010.
El sentido común,la cordura y la solidaridad deben imponerse para no poner en peligro el cumplimiento de las competencias por parte de las Administraciones insulares ni de los Ayuntamientos.
