El Parlamento de Canarias ha decidido sumarse en pleno al coro empresarial que rechaza la presión que desde hace unos meses se aplica por parte de la Hacienda pública sobre la Reserva de Inversiones. Lo que se pide es que el Gobierno de España resuelva,mediante una modificación del REF,que todos los beneficios de las empresas canarias -todos- sean aptos para dotar la Reserva. La cuestión no es baladí: en los últimos años,y en medio de la crisis fiscal más brutal que se recuerde,la Agencia Tributaria ha multiplicado las inspecciones y expedientes a las empresas que declaran RIC,con centenares de infracciones declaradas y con nuevas interpretaciones sobre la naturaleza de los beneficios que pueden ser destinados a la Reserva.
La situación está haciendo ricos a los abogados: en los últimos meses,son muchísimos los contenciosos planteados ante la situación de inseguridad jurídica que existe. Los empresarios se quejan de que la Agencia aprieta las clavijas en el peor de los momentos,y en eso tienen razón. Aunque también la tiene Hacienda,porque éste es también el peor momento de la Hacienda pública,y Hacienda somos todos.
La propuesta del Parlamento ha sido respaldada por todos los grupos,y defendida por el portavoz del PP,Jorge Rodríguez,que ha insistido en que la RIC no debe ser considerada “un privilegio o un beneficio empresarial”,sino un compromiso. Yo discrepo: la RIC es un instrumento de política económica que ha permitido a empresas y autónomos de las Islas no tributar en el impuesto de sociedades por unos 20.000 millones de euros,a cambio de que los beneficios se reinvirtieran en inmovilizado.
La RIC logró que la empresa canaria se capitalizara. Pero hoy ya no tiene mucho sentido. Primero porque los beneficios empresariales han caído en picado,y segundo,porque no tiene lógica en estos momentos primar a quienes logran beneficios.
El problema de la economía canaria no es hoy la capitalización de las empresas,sino el paro y la falta de liquidez. Si se quiere mantener la RIC como gran baza del REF -frente a otras medidas para las que no hay arrestos,como una exención directa del IRPF a todos los ciudadanos,mucho más justa-,lo razonable sería vincular las exenciones a la creación directa de empleo,y liberar para ese uso las reservas que aún existan,lo que aportaría liquidez al sistema. Soria planteó que ése era el formato del PP durante la campaña.
Espero que no se rajen ahora.
