El sistema electoral canario se fundamenta en la Disposición Transitoria Primera del Estatuto de Autonomía de Canarias. Una disposición transitoria que pervive treinta años después y que sólo ha experimentado,entre el primer Estatuto de 1982 y el actual,un cambio al alza de las barreras electorales. Haciendo aún más restrictivo el sistema electoral de las Islas y alejándolo aún más de los existentes en España y Europa: para obtener escaño hay que ser la fuerza más votada en la circunscripción o conseguir el 30% en la misma o lograr el 6% en el conjunto de Canarias.
En el camino ha habido algunos intentos frustrados de reforma,como la de AHI en el 2000 que aumentaba a 66 el número de diputados,repartiéndose los seis nuevos de forma equitativa entre las circunscripciones de Tenerife y Gran Canaria,mejorando muy levemente la representatividad de las islas más pobladas. Y que eliminaba la barrera archipielágica y rebajaba la de la circunscripción insular a la mitad,dejándola en un 15%. Esta propuesta,que pese a la apariencia es aún más restrictiva,hubiese excluido a Nueva Canarias en los comicios de 2011,aunque obtuvo 82.000 votos y superó el 9% de papeletas en el conjunto del Archipiélago.
En su dictamen sobre esa propuesta,el Consejo Consultivo de Canarias cuestiona que la eliminación de la barrera regional acompañada de una barrera insular del 15%,que triplica o quintuplica las habituales,tenga cobertura constitucional.
Grupo Socialista
El otro intento se produjo en 2009,con la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario Socialista. Y que proponía,a través de una ley,a aprobar por mayoría de dos tercios del Parlamento,una nueva regulación de las barreras electorales,con una única barrera insular del 5%. El correspondiente dictamen del Consultivo concluyó que la proposición de ley “se adecua tanto a la Constitución como al Estatuto de Autonomía de Canarias”,dado que la supresión de la barrera archipielágica “se acompaña adecuadamente de la bajada del tope de la barrera insular,de un 30% a un 5%”.
Por distintas razones,ninguna de las dos propuestas llegó a prosperar; la última,la del PSOE,ni siquiera llegó a ser votada y decayó al finalizar la legislatura.
Nueva Canarias incluyó,en su programa electoral para los comicios autonómicos de mayo de 2011,el compromiso de defender en el Parlamento de Canarias la reforma del sistema electoral canario. Una posición que expresamos claramente al inicio de la presente legislatura,en el transcurso del debate de investidura,celebrado en julio de ese mismo año,señalando que era uno de los asuntos que deberíamos resolver en esta legislatura.
En el debate de investidura tanto el grupo parlamentario de CC como el del PP manifestaron su voluntad de abordar esta posible reforma,en el caso del grupo popular condicionándolo a que no supusiera incremento del gasto,circunstancia que compartimos. El PSOE no lo expresó abiertamente,pero baste recordar que su grupo parlamentario ya planteó en la pasada legislatura,como señalamos con anterioridad,una iniciativa en este mismo sentido; y que,además,la incluía en su programa electoral.
Para intentar obtener una posición consensuada,en noviembre de 2012 remitimos con registro de entrada una carta a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios,invitándoles a abordar el asunto sin condiciones previas. Misiva a la que no se nos respondió,por lo que volvimos a cursar la invitación,en los mismos términos,en marzo de 2013. Ante la reiteración del silencio como respuesta,por respeto a nuestros electores y al conjunto de la ciudadanía de Canarias,por convicción democrática,hemos dado el paso de presentar la Proposición de Ley de Reforma del Sistema Electoral que regula las Elecciones al Parlamento canario.
No vale decir,como dicen hoy el resto de partidos presentes en el Parlamento,que no es una “prioridad política” por la existencia de la crisis,como si la democracia,la representatividad de la ciudadanía,careciera de importancia; y olvidando que no sólo estamos ante una crisis económica y social,sino ante una crisis institucional y democrática en la que se vive una profunda desafección con la política y en la que se reclama más transparencia,más control de la actividad política y más participación,así como reformas electorales que mejoren la relación entre los electores y sus representantes.
Tampoco resulta de recibo que nacionalistas o autonomistas eludan que esta es una decisión que se puede y se debe tomar en nuestro Parlamento,porque hay competencias para ello. Y no postergarlo a una hipotética reforma del Estatuto en las Cortes Generales,que no está en la agenda política de los próximos años.
En nuestra proposición de Ley planteamos una única barrera insular del 5%. No lo hacemos por interés propio. NC se ve fundamentalmente afectada por la distribución de escaños entre las islas. Una distribución más proporcional a la población nos beneficiaría mucho en presencia parlamentaria. Si hemos apuntado hacia las barreras electorales es por razones puramente democráticas. Para incentivar la participación,para evitar que fuerzas políticas que cuenten con significativo apoyo de los electores queden excluidas por las injustas barreras en vigor.
Se trata de una propuesta democratizadora y que ayudará a ampliar el pluralismo de la Cámara canaria. Que a nadie perjudica ni a nadie le quita nada. Soy consciente de que la reforma propuesta es parcial e insuficiente,al no corregir la desproporción existente en la distribución de escaños por islas en relación a la población,de forma que exista una mayor aproximación entre el número de votos obtenidos por cada candidatura electoral y el número de escaños logrados. No obstante,también estoy convencido de que se trata de un paso muy relevante e imprescindible en la mejora de la calidad democrática y en el respeto a las libres decisiones electorales de los ciudadanos y ciudadanas de las Islas,hoy gravemente restringidas por las barreras electorales existentes.
Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.
