La situación que estamos viviendo en Canarias es dramática,no sólo por los espeluznantes datos con que periódicamente nos sentencian los organismos oficiales sino,sobre todo,por la vergonzosa respuesta de los responsables políticos ante este problema social de primero orden. La tasa de riesgo de pobreza llegó en 2011 al 33% (12 puntos por encima de la media estatal) y,en el cuatrienio 2008-2012,la pobreza en Canarias experimentó un incremento del 21%,lo que nos sitúa como la comunidad autónoma con el mayor aumento registrado en esta materia entre las comunidades del Estado. Se extiende el número de familias que cuentan con todos miembros en desempleo y un 53% de los parados son de larga duración que,por esta condición,han perdido o perderán en poco tiempo las prestaciones contributivas o asistencias del desempleo. En el momento que pierdan la prestación engrosarán las filas de los 125.000 parados registrados que no cobran prestación económica alguna.
Frente a esta realidad,el Gobierno central impone sus políticas neoliberales por todas las rendijas del Estado del Bienestar que aún sobreviven a esta demolición programada,y con especial saña reduce en Canarias el Plan Concertado de Prestaciones Básicas en más de un 40%. En comandita,el Gobierno de Canarias se vanagloria de ser unas de las comunidades autónomas con menor déficit público,gracias,entre otras medidas,al tijeretazo que le han metido este año a las políticas sociales,con una reducción de 16,6 millones sobre lo presupuestado en el 2012.
Pero lo más deleznable de los responsables autonómicos es su táctica sobre la pobreza. Cuando perciben que la opinión pública se impacienta por la nula respuesta del Ejecutivo ante una situación que,de seguir así,desestructurará durante decenios a nuestro pueblo,se inventan un documento que denominan “Estrategia canaria frente a la pobreza,la exclusión social y a favor del desarrollo humano”. Un documento que,si se analiza con detalle,aniquila el plan de empleo social al obligar a los ayuntamientos a financiarlo con un 50%,no incrementa en un solo euro el acceso a la vivienda a familias con escasos recursos,se vanagloria de una ficha financiera para las prestaciones de inserción que nos sitúa entre las peores del Estado y,por último,en este documento sobre la exclusión social,nos endosa sin rubor un programa europeo de ayudas a empresas y emprendeduría con el único objetivo de inflar en 70 millones de euros esta propuesta. Creo que es obligación de todos decirle al Gobierno de Canarias que es una inmoralidad y un insulto a nuestro pueblo utilizar ese documento estratégico como una táctica para huir del problema de la pobreza
