ELENA HERNÁNDEZ Desahuciar a los bancos y no a los ciudadanos. Canarias se quiere apuntar al carro de la justicia social en la vivienda. Así lo dejó entrever ayer el presidente del Gobierno regional,Paulino Rivero,quien aseguró que el Archipiélago está «dispuesto» a seguir los pasos de Andalucía y estudiar la «viabilidad jurídica» del decreto que prepara la comunidad sureña para frenar la sangría social de los desahucios. Esta nueva normativa permitirá expropiar las viviendas a las entidades financieras antes del desalojo y antes por tanto,de que se produzca el desahucio,e imponerles multas,de hasta 9.000 euros,a aquellas que rehusen de alquilar sus viviendas vacías. La noticia,acogida con esperanza por las plataformas de afectados,lanza la pelota al tejado de los bancos. Ahora ellos serán parte de la solución y no del problema.
El presidente del Ejecutivo canario,Paulino Rivero,abandonó ayer su silencio sobre la problemática social de los desahucios y se sumó a la respuesta andaluza al anunciar que el Archipiélago «va a estudia la viabilidad jurídica de la medida» porque es «interesante» de cara a la lucha contra las expropiaciones injustas. Rivero garantizó que de comprobarse su «solvencia»,Canarias podría poner en marcha la normativa aprobada el martes por la Junta de Andalucía para frenar los desahucios.
Para el máximo dirigente autónomico ir tras los pasos de las comunidad andaluza no supone dar palos de ciego,ya que las medidas que Andalucía suele impulsar en materia social «hasta ahora han resultado ser bastante solventes». «El paso que ha dado Andalucía es interesante pero tenemos que analizarlo despacio y con tranquilidad»,insistió el nacionalista. Rivero destacó además,que el Archipiélago ya estaba explorando distintas posibilidades con las viviendas vacías «antes incluso de que la región andaluza aprobase el decreto».
Y es que Rivero se apuntó al caro de la justicia social con todas las de la ley,al hacer también un llamamiento al Gobierno central para paralizar,por el momento,todos los desahucios hasta que se adapte la normativa española a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas abusivas en las hipotecas. Un problema dramático,el de los desahucios,que según el presidente regional,»no ha tenido la atención que se merecía».
Para cambiar la situación,lo que ahora pretende el gobierno isleño,motivado por el ejemplo del andaluz,es darle la vuelta a la tortilla y que la expropiación y las multas pasen a tener otro blanco,los bancos. El decreto ley sobre la función social de la vivienda al que dio luz verde el Ejecutivo de Andalucía el martes,quiere convertirse en un plan de choque contra los desahucios. En el proyecto,que entrará en vigor a partir de hoy– cuando se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)–,destacan dos aspectos.
Por un lado,el fomento del alquiler de viviendas vacías a través de un sistema de penalización en el que se multará con hasta 9.000 euros a las entidades bancarias y sus sociedades filiales que no arrienden sus inmuebles. Y es que para que los bancos,las inmobiliarias o las entidades pongan en alquiler su depósitos de viviendas,la normativa contempla la herramienta del palo,es decir,la sanción. Castigos leves,graves o muy graves que irán destinados a políticas de vivienda y patrimonio público de suelo de la Administración.
El otro elemento que destaca de la normativa cocinada por la comunidad andaluza es la expropiación del uso de la vivienda a los bancos,durante un máximo de tres años,en caso de desalojos de familias que cumplan con una serie de requisitos y estén en riesgo de exclusión social. Se trata de una solución inminente que se aplicará siempre que el desalojo genere una situación de emergencia y que se acredite una situación de empobrecimiento sobrevenido desde la etapa en la que se concedió el préstamo. Esta iniciativa se aplicará en el último tramo del proceso,es decir,cuando los bancos ya hayan embargado la casa y esta ha sido subastada y adjudicada al propio banco.
La noticia,acogida con aplausos por la mayoría de partidos y figuras políticas del país,trae la esperanza a los afectados,que cansados de luchar,sienten que por fin «se les da la razón». La portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Tenerife,Inma Évora,recalcó ayer que «ya es hora» de que se tomen medidas contra los bancos y no contra los ciudadanos. No obstante,Évora camina con pies de plomo,»ahora hay que dejarse de palabrería y pasar a la acción».
La PAH tinerfeña apunta que para las afirmaciones del presidente del Gobierno regional sean «creíbles»,»lo primero que tiene que hacer Rivero es instar a los jueces decanos de la comunidad a paralizar todos los desahucios». «Es importante que,a falta de una respuesta nacional,al menos en Canarias utilicemos nuestras herramientas y una de ellas es parar las expropiaciones»,aseguró la portavoz.
Los afectados por los desahucios miran ahora al futuro con algo más de optimismo porque la iniciativa andaluza que pretende imitar el Archipiélago,»es una fórmula que obliga a los bancos a fomentar el alquiler»,destacó su portavoz tras conocer la noticia. Sin embargo,Évola explica que para solucionar esta problemática se debería obligar a los bancos a registrar las viviendas a su nombre y pagar así impuestos.
«Una vez expropiados los pisos siguen a nombre de los ciudadanos,que paradójicamente,no pueden acceder a ellos»,critica el PAH.
A pesar de que según el PAH,Canarias y Andalucía comparten «características similares» en la especulación del terreno y el número de desahucios y de alarma social,la plataforma tiene sus dudas de que la medida salga adelante también en el Archipiélago. «A las entidades financieras no les interesa por lo que no se si llevará a cabo»,pronostica Évola. No obstante,la portavoz reconoce que un buen comienzo estaría en regular el alquiler social y no fomentar tanto la compra. «Uno de cada tres canarios está en situación de pobreza como va a poder pagar hipotecas de 20 o 40 años»,protesta.
Su respuesta la comparten el resto de asociaciones españolas de afectados por los desahucios. En Madrid,Andalucía o el País Vasco,los damnificados recogen estos días nuevas noticias para el optimismo. «Nosotros luchamos por algo en lo que creemos que tenemos la razón y por fin se esta haciendo justicia»,concluye la portavoz de la plataforma tinerfeña,Inma Évora.
