Atrapados en un limbo legal que no les reconoce el derecho a la huelga pero tampoco se lo niega,los 5.100 jueces y 2.400 fiscales españoles están llamados hoy al tercer paro de la Justicia en democracia. El motivo: las reformas legislativas del ministro,Alberto Ruiz-Gallardón,casi sin excepción. Pero,fundamentalmente,las que restan poder al órgano de Gobierno de los jueces y a las asociaciones profesionales,y las que introducen recortes —y,por tanto,más sobrecarga de trabajo— en la Administración de Justicia.
Las asociaciones mayoritarias —la Asociación Profesional de la Magistratura,de jueces,y la Asociación de Fiscales—,tras mantener cierta ambigüedad durante meses y participar en las protestas,no secundan finalmente la huelga. Sí lo hace el resto: Jueces para la Democracia,Asociación Francisco de Vitoria,Foro Judicial Independiente,Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Más de la mitad de los jueces,en cualquier caso,no están afiliados a ninguna asociación.
Los jueces y fiscales son funcionarios (en esa condición tendrían derecho a huelga) pero a la vez encarnan un poder del Estado (en esa,supuestamente no lo tendrían). El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) coinciden en que hay un “vacío legal”. Por eso,cada vez que los jueces han secundado una huelga (las dos que hubo en 2009 contra el Gobierno socialista o las distintas huelgas generales) ha pasado lo mismo: ni se ha reconocido oficialmente ni se han fijado por parte del Ejecutivo servicios mínimos ni se ha descontado el sueldo de las nóminas,según reconocen las distintas asociaciones.
Ministerio y CGPJ se pasan la pelota: Justicia dice que corresponde al Poder Judicial decidir si se quita el sueldo a los jueces que hoy no trabajen; el Poder Judicial responde que las nóminas no son asunto suyo sino del ministerio. El organismo que asuma esa decisión estaría reconociendo implícitamente el derecho de huelga de los jueces; ninguno lo hace.
Así,para la huelga de mañana,son los propios convocantes —entre los que,por primera vez,hay asociaciones de fiscales— los que han fijado servicios mínimos. Se cubrirán todas las causas en las que haya presos o detenidos,las diligencias inaplazables,las medidas cautelares urgentes (incluidas todas las de violencia doméstica),levantamientos de cadáveres,juicios con jurado,todas las bodas y licencias de enterramiento y las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio.
Las reivindicaciones de las asociaciones son estas: más inversión en Justicia,paralización inmediata del proyecto de reforma del CGPJ (que resta poderes a las asociaciones y al órgano de los jueces en sí,y que consideran un ataque a la independencia judicial),derogación de la ley de “eficiencia presupuestaria”,que aumenta la carga de trabajo de los jueces titulares y supone la práctica eliminación de los 1.000 interinos; y derogación o modificación de la Ley de Tasas (Gallardón ha dicho que va a modificarla). A estas reclamaciones,que han sostenido las asociaciones durante meses,han sumado otra a última hora y al calor de polémicas recientes: la modificación de la ley del indulto. También se manifiestan en contra de las reformas anunciadas del Código Penal y de la cesión de la gestión del Registro Civil a los registradores de la propiedad (en la que ven un paso hacia la privatización de la justicia),aunque eso no está incluido en el comunicado de convocatoria de huelga.
Los sindicatos han convocado concentraciones del resto de trabajadores de la Administración de Justicia entre las 11.30 y las 12.30 a las puertas de los juzgados y centros de trabajo.
