La portavoz de Discapacidad del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y ex secretaria de Estado de Igualdad,Laura Seara Sobrada,compareció este jueves en la subcomisión parlamentaria de estudio de la discapacidad en Canarias,donde alertó de la “situación de auténtica emergencia” que está viviendo este colectivo.
En su intervención en la Cámara regional y tras mantener un encuentro con Rosa Jerez,portavoz canaria del área,Seara recordó que el “insoportable aumento” de las situaciones de pobreza y riesgo de exclusión social azota con especial virulencia a las personas con discapacidad,que presentan,ellas y sus familias,cotas de pobreza y exclusión social muy superiores a la media. Esta circunstancia,dijo,se recrudece en momentos de crisis económica como el actual.
La representante socialista hizo hincapié en que las personas con discapacidad sufren un agravio económico estructural consistente en que para ellas,la adquisición de bienes,productos y servicios se encarece hasta un 40 por ciento respecto al precio normal de mercado por razón precisamente de su discapacidad. También defendió la necesaria adaptación de las leyes en lo relativo a la capacidad jurídica de este colectivo.
Laura Seara hizo hincapié en que queda mucho por trabajar en materia de capacidad jurídica y apostó por establecer un principio judicial de necesidad de apoyos como procedimiento que no incida en la capacidad de las personas,sino que esté dirigido a constatar las necesidades y la proporcionalidad de los apoyos necesarios. “Hay que sustituir el actual sistema de incapacitación por uno que promueva el ejercicio de la capacidad jurídica articulado en torno a un modelo de apoyo en la toma de decisiones”,dijo.
También remarcó que el hecho de que 80.000 personas con discapacidad no puedan votar es contrario a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Explicó que Naciones Unidas instó a España en 2011 a modificar con urgencia su legislación electoral para erradicar esta vulneración de los derechos humanos. Por último,indicó que el ordenamiento electoral español permite a los jueces que en las sentencias recaídas en procedimientos de incapacitación se pueda privar a determinadas personas con discapacidad del derecho de sufragio,“posibilidad claramente contraria a la Convención Internacional”.
