El Consejo General de Servicios Sociales,órgano en el que están presentes representantes de las administraciones públicas,entidades sociales y colegios profesionales de Canarias,ha decidido crear una comisión que estudie el texto del proyecto de ley de Servicios Sociales.
La consejera de Políticas Sociales,Inés Rojas,ha presidido la reunión del Consejo,que también analizó el proyecto de decreto de reglamento regulador de los centros y servicios en el ámbito de la dependencia. Una reunión a la que asistió también la consejera de Servicios Sociales del Cabildo de La Gomera,Silvia Padilla
Una nota de la Consejería indica que la pretensión del Consejo al aprobar una comisión que estudie el proyecto de ley,es llegar al mayor consenso posible para que el proyecto de ley pueda ser llevado al Parlamento de Canarias,al inicio de la próxima legislatura.
Para la consejera,el proyecto de ley es una «propuesta vanguardista» que incorpora toda la legislación que influye en el Sistema Canario de Servicios Sociales,como son la futura Ley de cabildos o la de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
El borrador establece la coordinación entre los servicios públicos y entre los diferentes niveles de gobierno estatal,autonómico,insular y municipal así como la participación del diálogo social y el protagonismo de la sociedad civil a través de asociaciones,fundaciones y entidades de iniciativa social,según señala la nota de la Consejería.
Se establece el principio de proximidad ya que «se hace esencial la descentralización para garantizar la integración de las personas en su entorno social habitual»,afirma la consejera.
Rojas precisa que el borrador recoge la necesidad de eliminar burocracia,descentralizar y distribuir adecuadamente competencias,y suprime duplicidades y solapamientos innecesarios entre las administraciones que concurren en el ámbito de los servicios sociales,en coherencia con el principio de subsidiariedad.
La consejera indica en la nota que este proyecto de ley pretende superar definitivamente la visión de los servicios y prestaciones sociales meramente como un gasto,para convertirlos en una inversión social que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas,el reconocimiento de sus derechos,la creación de empleo y la dinamización económica.
Respecto al proyecto de decreto por el que se modifica el reglamento regulador de los centros y servicios en el ámbito de la dependencia,la nota de la Consejería explica que este decreto se modifica en base a la experiencia acumulada desde su entrada en vigor.
Añade que se han detectado dificultades surgidas en diversos aspectos para su aplicación y a la necesidad de atender a la realidad social de los centros y servicios del ámbito de la dependencia en las islas para que puedan adaptarse a la norma y obtener las correspondientes acreditaciones. EFE
