La reforma de la ley requerirá que las menores aborten con el consentimiento de los padres. Gallardón ha justificado este cambio porque la ley se aprobó «sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos». La reforma «defenderá el derecho a la vida en los términos ya definidos en la doctrina del Tribunal Constitucional».
Gallardón también ha anunciado que se implantará una nueva tasa judicial para aquellos ciudadanos que recurran una sentencia y abran un proceso en » segunda instancia». Gallardón pretende abordar así el «exceso de litigiosidad» que afecta a la justicia española. Esta muestra del «agotamiento del modelo»,según Gallardón,va a ser uno de los asuntos que su ministerio aborde prioritarios. «Una situación de crisis impone un uso racional de los servicios públicos»,ha dicho.
«Si el ciudadano no se conforma con la respuesta del poder judicial y lo que solicita es un segundo pronunciamiento es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas»,ha anunciado el ministro de Justicia,para añadir que dicha tasa se reintegrará si el recurso prospera.
Gallardón también ha anunciado que
Entre las prioridades de Gallardón están los planes para elaborar un Estatuto de la Víctima o el cambio en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Así lo anunció el ministro en su toma de posesión,en la que además insistió en el objetivo del PP de lograr en tres meses la renovación pendiente en el Tribunal Constitucional (TC) en diálogo permanente con la oposición. En relación a este asunto,Gallardón ha dicho este miércoles que tienen » pendiente la designación de cuatro magistrados para el Tribunal Constitucional» y que le gustaría » que esos magistrados no respondiesen a cuotas de partidos»,sino que fueran apoyados por todas las formaciones políticas.
Gallardón ha comenzado su intervención en el Congreso reafirmando su «voluntad de diálogo» para salvar «las discrepancias políticas».
En relación a la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial,Gallardón ha defendido acabar con «la politización de la Justicia»,como pretendía la Constitución.
Así se reformará el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial -para que 12 de ellos sean designados directamente por los jueces- superando «cuotas partidistas». Se actuará también en las competencias del Supremo y del Constitucional,y respecto a este último ha propuesto una superacion del «pasado» para reformar a sus miembros de modo que sus nombramientos no respondan a cuotas de partidos ni de grupos parlamentarios.
