La estrategia local del PP es clara: apuntar a Paulino Rivero como principal responsable de la situación política en Canarias. Una situación que se presenta como bloqueada,porque el PP gobernará en Madrid mientras Coalición mantiene su alianza con el PSOE en Canarias. De acuerdo con el argumentario popular,esa situación va a colocar a las Islas y a su Gobierno ante una absoluta falta de interlocución entre la región y el Estado.
Miguel Cabrera Pérez-Camacho,uno de los políticos con menos pelos en la lengua del Archipiélago,lo dijo con toda rotundidad el otro día: los intereses de Canarias ante el Gobierno del Estado los va a representar a partir de ahora el señor Soria,con el aval de sus nueve diputados.
El Gobierno de Canarias -integrado por nacionalistas y socialistas- sufrirá las consecuencias de una “fría lealtad institucional”,que viene a querer decir que las relaciones entre Canarias y Madrid que no pasen por Soria serán congeladas,las vías de contacto taponadas y las ayudas al albur… Como declaración es bastante contundente,responde a la lógica euforia política del momento,pero resulta más adecuada para crear alarma que para definir un modelo de funcionamiento viable en la práctica.
A pesar de las dificultades del momento,a pesar de que la preocupación está hoy más en los recortes que en el diálogo institucional,lo cierto es que no es sostenible -ni para el PP ni para nadie- una ruptura de la comunicación entre gobiernos. Es una fórmula que nunca ha funcionado,por mucho que el discurso político canario esté plagado de referencias irresponsables a esa posibilidad.
Algo parecido a esa fría lealtad institucional intentó el Gobierno de Zapatero durante la etapa de liderazgo canario de López Aguilar,cuando el Gobierno de Coalición y el PP -formado para frenar la mayoría socialista en las islas- fue castigado durante algo más de un año.
Pero las cosas se colocan siempre en su sitio,y eso fue lo que ocurrió entonces. Las amenazas mutuas y los amagos de denuncias en el Constitucional derivaron en colaboración y reuniones bilaterales,para acabar horneando aquel Plan Canarias,que no era otra cosa que un reconocimiento de buenas relaciones con poca chicha dentro.
Lo cierto es que ninguna mayoría -por importante que sea- va a llevar a un presidente del Gobierno de España a permitir que la relación con Canarias se le vaya de las manos. Es demasiado peligroso. Rajoy no va a darle voluntariamente motivos al Gobierno regional para convertir Canarias en “un problema de Estado” -de acuerdo con aquella preventiva advertencia de Rivero-. Por desgracia,al margen de la voluntad política de entendimiento,los recortes sí son inevitables.
Bien harían los más exaltados del PP en cambiar su discurso postelectoral. Podría acabar siendo utilizado en su contra.
