El pleno del Senado aprobó hoy en el pleno la moción promovida por el senador de la isla de La Gomera Fabián Chinea, en la que reclama la firma de un convenio de inversión pública que garantice la inversión suficiente en las infraestructuras hidráulicas de todas las islas, con el objetivo de revertir las clamorosas carencias actuales en estas instalaciones y revertir la crisis hídrica que padecen los ciudadanos del Archipiélago. La iniciativa del representante de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) fue aprobada por 160 votos favorables de los 258 presentes (todos los grupos de la Cámara Alta salvo el PSOE y ERC), con 86 votos en contra y nueve abstenciones.

La moción del senador Chinea Correa propone literalmente “recuperar el protocolo suscrito entre los Gobiernos de España y Canarias en diciembre de 2018 como instrumento base para la redacción de un convenio de inversión en infraestructuras hidráulicas con cantidades suficientes y una inversión estable en el tiempo”, con una referencia a la necesidad de incorporar partidas concretas en los Presupuestos Generales del Estado ya en 2024 y hasta el ejercicio de 2027.

Además, la moción aboga por definir un listado de obras prioritarias “en todas las infraestructuras relacionadas con el ciclo integral del agua, como las redes de abastecimiento, transporte y almacenamiento; la producción industrial de agua mediante la desalación de agua de mar, la desalinización de aguas salobres y la reutilización de aguas regeneradas; las redes destinadas al riego agrícola; la captación de aguas subterráneas y, finalmente, el tratamiento de aguas residuales”.

Finalmente, la moción aprobada por el pleno de la Cámara Alta propone “agilizar los trámites para la firma de dicho convenio y su asignación presupuestaria en un horizonte financiero suficiente para abordar las necesidades actuales y futuras, que sería ejecutado por las administraciones competentes en materia de gestión del agua”.

En su intervención ante el pleno del Senado, Fabián Chinea señaló que su moción “recoge un sentir general entre las administraciones canarias, los agentes económicos y la sociedad en general: la crisis hídrica ha llegado para quedarse y nos pilla mal preparados, un hecho que debemos asumir desde una perspectiva activa, no desde esa resignación que a veces acompaña a la gestión de los grandes asuntos en Canarias”. “Lo que pretendemos visualizar con esta iniciativa”, agregó el representante de ASG, “es algo muy claro: es necesario, y además urgente, articular un compromiso estable de inversión pública para mejorar las infraestructuras hidráulicas de las islas. Y para revertir esa situación tenemos que ponernos en marcha con urgencia, porque se han acabado los tiempos de los diagnósticos y los debates estériles”.

El senador gomero recordó que “la fórmula más adecuada para abordar este reto la conocemos: es la firma de un convenio que comprometa en los Presupuestos Generales del Estado unas cantidades estables para cada anualidad, y que estas sean cantidades razonables y asumibles por la Administración central, atendiendo a realidades objetivas, que en lo tocante a la crisis hídrica en las Islas son realidades muy alarmantes, diagnosticadas desde hace años por las administraciones con competencias en la materia, y recogidas en un protocolo publicado por el Boletín Oficial del Estado en diciembre de 2018”. Este protocolo fue considero por Chinea como “un buen punto de partida para empezar a trabajar, con un horizonte temporal lo suficientemente amplio como para producir el cambio que nuestro archipiélago necesita”.

Sobre su propuesta de convenio, el senador Chinea abogó por “seguir el modelo de otros instrumentos de probada eficacia, como el convenio de carreteras, un instrumento cuyo despliegue cambió para siempre el escenario inversor de las vías rápidas en las Islas”. Y añadió que “resulta urgente la firma de un instrumento comparable y centrado en la asignación de recursos públicos del Estado a las infraestructuras relacionadas con el ciclo integral del agua en Canarias”.

En el diagnóstico sobre la actual crisis hídrica en las Islas, Fabián Chinea insistió en que “la situación de las infraestructuras hidráulicas en Canarias resulta deficiente para las necesidades del Archipiélago. Las carencias en dicha materia afectan al ciclo integral del agua, desde la generación al tratamiento de residuos, pasando por las redes de canalización y transporte. Por tanto, hablamos de una crisis con muchas aristas, que exige por ello una respuesta completa, integral, cierta”.

El representante de ASG recordó que son numerosos “los episodios en los que la sucesión de averías ha lastrado la distribución normal de agua de consumo humano en islas como Fuerteventura. En otros casos, es la propia insuficiencia de las fuentes de generación la que ha forzado a las distintas administraciones competentes a escala insular a fijar restricciones temporales en el acceso ciudadano a este bien tan básico, circunstancia que ha afectado con particular gravedad a islas como Lanzarote, La Gomera y El Hierro”. Al mismo tiempo, añadió Chinea, “la escasez de recursos propios como consecuencia de la sequía ha condicionado la gestión sobre dichos recursos hídricos en todas las islas, obligando a la introducción de medidas como la desalación en territorios insulares que hasta la fecha habían sido capaces de abastecerse a través de fuentes propias procedentes del subsuelo”.

Fabián Chinea añadió en su intervención que esta realidad “se abre paso como una necesidad creciente en un contexto de cambio climático y reducción de la pluviometría en las Islas, un asunto que genera enorme preocupación”. Por ese mismo motivo, añadió, “tenemos que pasar del discurso a los hechos, y eso solo es posible con una previsión de inversiones públicas suficiente para cambiar el paradigma de la gestión hídrica en las islas, basada en la modernización, la eficiencia y la previsión para el futuro”.

El senador también recordó, finalmente, el “deficiente estado de las infraestructuras destinadas al tratamiento y la depuración de aguas derivadas del consumo urbano e industrial, un problema que ha costado a Canarias la apertura de expedientes de infracción a escala europea, todo ello con un coste económico y reputacional muy significativo”.