La Gomera acaba de dar un paso de gigante a la hora de avanzar hacia un modelo turístico propio, diferenciado y acorde a sus potencialidades y característias medioambientales. La semana que ahora acaba el Parlamento canario, por amplia mayoría, aprobó la modificación de dos artículos de la ley que regula la ordenación territorial de esta actividad no sólo en la Isla Colombina, sino también en El Hierro y La Palma.
A partir de este momento, La Gomera tiene ya en sus manos instrumentos particularizados que le permitirá marcar las líneas maestras por las que se desenvolverá el sector turístico, el que sin duda mejores perspectivas de crecimiento presenta en la actualidad. En el caso de La Gomera desde hace años las cifras son de forma invariable positivas y en continuo crecimiento. Por lo tanto, no se podía cometer el error de desaprovechar la oportunidad histórica y estratégica que se le presenta a la Isla.
El presidente del Cabildo de La Gomera y diputado regional por la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo Curbelo, no duda en defender las bondades de la nueva ley, tal y como hacen también los titulares de las otras dos corporaciones insulares. Y todo ello en cuanto que tras un total de seis modificaciones previas, finalmente considera que se ha redactado el texto demandado desde estas instituciones. Porque lo cierto es que hasta ahora no se ha conseguido alcanzar un modelo acorde y propio para estos territorios que propicie su desarrollo económico, social y demográfico diseñado desde la propia isla.
Ejemplo de ello es que desde 2002 tan sólo se han creado un total de 120 plazas alojativas, únicamente seis en el caso de La Gomera. «Queremos acabar con la emigración de nuestra gente y generar riqueza y empleo y en este contexto el turismo se ha convertido en la fuente principal de progreso en Canarias». Durante la defensa del texto en el Parlamento, Curbelo recordó que en la propia ley se establecen medidas de control como es la creación de una comisión en cada una de las islas que evaluará su aplicación, cumplimiento de objetivos, efectos medioambientales, costes y beneficios. A partir de aquí se dará conocimiento de las conclusiones obtenidas al Gobierno canario y posteriormente éstas serán debatidas en el Parlamento canario.
«Por lo tanto si se diera el caso de que el modelo no es bueno porque se desvía de sus fines y objetivos, tenemos la alternativa de detenernos y reflexionar o de lo contrario podremos continuar. Y estamos seguros de que será positivo porque la nueva ley va a preservar al medio rural y activará la economía». Curbelo comparó a los «agoreros» actuales que hablan de impactos medioambientales con los que en 2002 se pronunciaban en idéntico sentido. «En su momento se dijo que se iba a invadir de forma masiva y devastadora el suelo rústico pero la verdad es que apenas se crearon 120 plazas turísticas ¿qué medio ambiente se ha colonizado?», preguntó.
El presidente del Cabildo considera muy significativo que el texto haya sido apoyado por los quince diputados de todos los partidos de estas islas. A los opositores les pidió que eviten judicializar el debate especialmente cuando se habla de una iniciativa que generará riqueza. Como ejemplo, puso los 630.000 turistas que el año pasado llegaron a La Gomera sin que en ningún momento se haya visto afectado su medio ambiente ni rural. El nuevo texto elimina limitaciones o cargas a la inversión que han actuado hasta ahora en realidad como «castigos injustificados» a los inversores. «No tengan duda alguna de que los habitantes de estas islas somos los más interesados en preservar nuestro medio ambiente», recordó por último.
La reforma se hacía imprescindible dado que casi tres lustros después de la aprobación de las principales leyes que regulan la actividad turística, la nota que se daba desde el Cabildo de La Gomera no podía pasar del suspenso. El fracaso es achacable a que los legisladores actuaron “a la defensiva”, lo que les llevó a introducir, “tal cúmulo de rigideces y cargas en los procedimientos” en las normas que en vez de atraer inversión, lo que ha conseguido es justo todo lo contrario.
Ahora el objetivo es facilitar trámites y atraer inversiones, sin que estas modificaciones tengan porque ir en contra del medio ambiente o de la sostenibilidad. Sino más bien todo lo contrario. Y es que la legislación que hasta ahora estaba vigente se había convertido en un factor disuasorio a la hora de captar capitales. Por ello, desde el Cabildo de La Palma primero y a continuación desde La Gomera, se defendió la introducción de una serie de cambios para dejar en manos de las instituciones determinadas decisiones que pueden agilizar proyectos y adecuar el desarrollo turístico a las particularidades de cada Isla.
La Ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias aprobada en el año 2001 ya establecía un mecanismo específico de autoregulación para el sector turístico de estas Islas, al tener en cuenta sus especificidades, deprimida situación económica y características demográficas que las diferencian del resto del Archipiélago. En este marco incluso se permitió que quedaran fuera de la moratoria turística.
La Ley de Renovación y Modernización aprobada hace tres años también incide en el mismo carácter específico de las Islas Occidentales y otorgaba una cierta autonomía al respecto. En el texto ya se introducían algunos aspectos considerados de interés en cuanto a los procesos de rehabilitación y mejora del espacio turístico, con referencias directas a estos territorios insulares. Los objetivos fundamentales no eran otros que desarrollar modelos turísticos particularizados para estas tres Islas basados en la potenciación de sus valores paisajísticos, naturales y medioambientales, huyendo del turismo masificado y ligado al litoral de las demás Islas.
Pero lo cierto es que transcurrido un plazo razonable de tiempo, ASG considera que estos textos legales no han cumplido con sus objetivos y básicamente lo han hecho por presuponer que en estas Islas se iba a producir un proceso desarrollista que afectaría al suelo rústico. Pero no sólo no ha ocurrido así sino que la legislación turística en vigor hasta estos momentos, “ha resultado ser un fracaso prácticamente absoluto y sin paliativos”.
En la Ley aprobada ahora se considera «incuestionable» que el desarrollo turístico no se ha llevado a cabo de forma homogénea en todas las islas y más concretamente en las no capitalinas de la provincia de Santa Cruz. En éstas se registra una limitada, aunque incipiente actividad, debido a las carencias por las dificultades en las comunicaciones y transporte, una economía débil y muy dependiente, el envejecimiento de la población y una abundante emigración de los jóvenes. A partir de este de desalentador panorama se derivan otros hechos como el aumento del desempleo, el descenso demográfico y el envejecimiento de la población.
En este contexto la autoregulación se considera el elemento clave para permitir que cada Isla marque su propio modelo de crecimiento, establezca previsiones concretas de desarrollo, determinando la localización y categorización de la oferta alojativa. Por ejemplo, la nueva propuesta racionaliza la exigencia de una determinada superficie de suelo por cada plaza turística. De esta manera se avanza hacia un modelo que efectivo y real y se corrigen las desproporciones que han imposibilitado la promoción de los establecimientos turísticos de pequeña y mediana dimensión en suelo rústico.
Y es que favorecer la implantación de este tipo de edificaciones en los asentamientos agrícolas, resulta imprescindible a juicio de los promotores de esta modificación legislativa. Pero también se considera urgente impulsar las medidas que a la vez regulen específicamente actuaciones para compatibilizar la protección y promoción de los recursos medioambientales y paisajísticos y el mantenimiento de la actividad agrícola.
La nueva normativa plantea la necesidad de corregir «distorsiones» producidas entre la superficie mínima exigida de la unidad apta para la edificación para la introducción de un determinado establecimiento turístico y la estructura y características de las propiedades existentes en los espacios rurales. La experiencia legislativa desarrollada hasta ahora apunta a la conveniencia de regular también las condiciones en las que se ubican los establecimientos turísticos alojativos dentro de las unidades aptas para la edificación turística. De esta manera, se garantiza la adecuada armonía en la ocupación del suelo y la preservación del paisaje. En contra de lo que se ha asegurado, lo cierto es que según sus defensores, con la nueva norma se evita la dispersión territorial de los establecimientos y favorece la creación de los de pequeña y mediana dimensión. A la vez también se garantiza la menor transformación territorial y afección ambiental paisajística.
La ley pretende impedir el crecimiento innecesario de las infraestructuras y servicios públicos en el medio rural y opta por el uso eficiente de los recursos disponibles. De esta manera, se prevé también apoyar la supervivencia de un sector como el agrícola con graves dificultades económicas y de continuidad en el futuro. En definitiva, lo que se pretende es aportar una mayor claridad y objetividad en la aplicación del nuevo procedimiento. «También supone una menor afección ambiental, mayor coherencia a la materialización del modelo turístico adoptado previamente y favorecerá el desarrollo económico de estos territorios», se indica en el texto aprobado.
Ahora los respectivos cabildos tendrán la competencia para introducir en su sistema de ordenación turística un instrumento de planeamiento, singular y especializado. De esta manera se pretende dar una respuesta ágil, directamente legitimada, a la implantación turística de los sistemas generales, las dotaciones y los equipamientos insulares estructurantes turísticos de trascendencia insular o supralocal.
A partir de estos momentos los planes insulares de ordenación deberán contener normas de aplicación directa como previsiones específicas de desarrollo. Igualmente se incluirán criterios de localización y modalidades de la oferta alojativa, debidamente justificados en relación con las características económicas, sociales y territoriales de la isla. Deberán identificarse y quedar delimitadas las zonas aptas para estos usos pero, eso sí, se impone el condicionamiento de que se tiene que mantener, mejorar o recuperar la actividad agrícola, el entorno o un bien con valor cultural diferenciado. Un aspecto considerado clave en la nueva legislación
ASG se ha empleado a fondo en esta cuestión porque sus integrantes son conscientes de que está en juego el desarrollo de un sector económico básico y con enormes potencialidades ya demostradas. El grupo mixto llegó a presentar un total de cuatro enmiendas cuyo objetivo era hacer todo lo posible para que la normativa vigente dejase de ser un texto legal inoperativo como ha ocurrido hasta ahora.
Por un lado, se concreta y determina al máximo posible la unidad apta para llevar a cabo las edificaciones en las estructuras de la propiedad que son tradicionales en el mundo agrícola de las tres Islas. De esta manera se reduce la parcela mínima necesaria para construir inmuebles de uso turístico con capacidad para albergar desde 10 a 200 camas. Otra parte de la legislación tiene como fin evitar la penalización vía canon de la actual ley con respecto a la ordenación general de Canarias y que según ASG crea dificultades especialmente para los emprendedores.
Pese a las voces críticas, lo cierto es que el Consejo Consultivo ya emitió su parecer hace algunos meses y dejó claro que la competencia sobre urbanismo y ordenación del territorio corresponde a la Comunidad autónoma de forma exclusiva, a lo que se suma la inexistencia de una norma estatal básica. Por ello, los legisladores canarios se encuentran plenamente habilitados para ordenar el contenido de textos como éste y otorgarles a los cabildos de las Islas periféricas occidentales -La Gomera, El Hierro y La Palma-, las competencias que demandan, si lo estiman conveniente. Eso sí, siempre y cuando la actuación tenga ámbito e interés supramunicipal y previa obtención de un informe del ayuntamiento correspondiente. De esta manera se garantiza el principio de autonomía municipal amparada por la Constitución.
Reportaje elaborado y remitido por el Cabildo de La Gomera
