El Tribunal Constitucional ha puesto un nuevo freno a la vía independentista del Parlament de Cataluña. Con una providencia aprobada por unanimidad, el pleno suspende la resolución que marcaba la hoja de ruta para la salida de España y da 20 días a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, para que le informe de si ha desobedecido su sentencia. Después, decidirá si impone alguna de las sanciones previstas, que van desde una multa de hasta 30.000 euros a abrir la vía penal contra los responsables de la iniciativa catalana, tal como solicitó el Gobierno del PP la semana pasada.
El Tribunal Constitucional ha acordado este lunes suspender la resolución aprobada la semana pasada por el Parlament de Cataluña para abrir la vía unilateral de independencia y ha dado el primer paso para adoptar medidas como la imposición de multas o la apertura de un proceso penal contra los responsables de la iniciativa parlamentaria, como había solicitado el Gobierno.
Tras una hora y media de debate, los 11 miembros del pleno han decidido, por unanimidad, requerir a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, a los demás miembros de la Mesa de la Cámara y al secretario general del Parlament para que, en el plazo de 20 días, informen sobre el cumplimiento por su parte de la sentencia del pasado diciembre, en la que el Constitucional dejaba sin efecto la declaración independentista aprobada por el Parlament de Cataluña el 9 de noviembre.
El tribunal reclama esa documentación a Forcadell «a efectos de la eventual adopción por el Tribunal de las medidas previstas en el art. 92.4 Ley Orgánico del Tribunal Constitucional». Este es el trámite previo a la posible adopción de otras medidas que, tal como recoge la ley, podrían llegar a multas de 3.000 a 30.000 euros la inhabilitación o a la deducción de testimonio para que se abriera una vía penal contra los dirigentes independentistas.
Además, el Constitucional otorga 20 días al fiscal y al Parlament para que informen sobre la petición de nulidad de la resolución que también pidió el Ejecutivo.
El Gobierno en funciones pidió el pasado viernes al Constitucional que abriera la vía penal contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por desobedecer sus sentencias y por ser «la persona claramente implicada y afectada» que lidera una institución que vulnera «de manera flagrante el Estado de derecho y el orden constitucional».
El Ejecutivo busca con esta actuación la nulidad y suspensión inmediata de la resolución 263/11 del 27 de julio, aprobada por la Cámara para iniciar la desconexión con España, pero también un requerimiento personal a Forcadell y el resto de miembros de la Mesa del Parlamento, el secretario general de ese organismo, el presidente catalán y todos sus consejeros para que se abstengan de realizar, a partir de ahora, cualquier iniciativa relacionada con esa resolución.
En el último punto del llamado incidente de ejecución el Gobierno demanda del Constitucional que deduzca «testimonio de particulares» para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a Forcadell por incumplir ya sus mandatos. El término jurídico «deducir testimonio de particulares» quiere decir que el tribunal se ocupe ahora de documentar todos los incumplimientos en los que haya podido incurrir ya Forcadell y los envíe a la Fiscalía para que valore cómo debe actuar penalmente contra ella.
La mayoría absoluta del bloque secesionista —que integran Junts pel Sí y la CUP— consumó su desafío al Constitucional al aprobar las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. La votación supone un aval de la Cámara para abrir la vía unilateral de independencia, un paso más en la declaración del pasado 9 de noviembre. La unidad con la CUP allana el camino para que el Gobierno catalán supere esa prueba. Toda la oposición, salvo Sí que es Pot, que rechazó las conclusiones, se negó a votar.
