Cada vez hay más pisos en alquiler en Canarias y a precios más baratos. Los expertos inmobiliarios calculan que el importe por el que se arriendan inmuebles en el Archipiélago ha disminuido entre un 10% y un 20%. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria,epicentro de la crisis económica en España,ha provocado un fuerte bajón en las ventas de pisos pero no se ha cebado tanto el mercado del alquiler,hasta entonces bastante residual en las Islas. Los propietarios de los pisos,bastante reacios hasta ahora a poner en renta sus propiedades,están optando por esta salida a la vista de que es difícil colocar estas propiedades en el mercado de la compraventa.
El aumento de la oferta ha provocado un importante ajuste de los precios de las rentas,que los agentes inmobiliarios de la región cifran en una caída del 20% desde 2011. Sin embargo,aseguran que si nos remontamos hasta el inicio de la mala situación económica que padece España,la caída sería mucho mayor.
«Han bajado los precios sobre todo en zonas donde antes teníamos mucha demanda y poca oferta,pero donde,en este momento,los pisos libres para alquilar se han multiplicado»,explica Isidro Martín,delegado de expertos inmobiliarios de Tenerife y miembro de la junta directiva de Fepeco. Este agente explica la bajada de precios porque mucha gente se ha visto obligada a ponerlos en alquiler,puesto que no consiguen comprador. «Muchos propietarios lo que en realidad quieren es vender las propiedades para poder saldar la hipoteca,pero ante la imposibilidad de encontrar comprador,prefieren alquilarlas y que la renta les ayude a ir pagando el préstamo»,argumenta.
También existe más oferta porque muchos bancos han puesto en alquiler los activos inmobiliarios que tienen,una parte en forma de alquiler social,promovidos sobre todo por los ayuntamientos y los gobiernos.
Sin embargo,quienes buscan un piso de alquiler cada vez tienen que apretarse más el cinturón. «En las familias donde antes había dos nóminas,ahora,con suerte,hay solo una y seguramente muy inferior a la que tenían antes,por lo que la gente se tiene que adaptar a la nueva situación y buscan pisos más baratos. Por eso los propietarios se ven obligados a bajar los precios,para poder competir en el mercado»,expone Martín. «Lo normal es que se busquen pisos de dos o tres dormitorios,es puntual que la gente busque cosas más grandes»,aporta el experto.
En cuanto a los locales comerciales,la oferta también ha crecido de forma bastante significativa durante los últimos meses. El problema es que la demanda de este tipo de establecimientos es escasa por el fuerte impacto de la crisis económica sobre algunos sectores clave,como el comercio y la hostelería. «Salvo en algunas zonas comerciales de Santa Cruz,La Laguna y las principales zonas turísticas los precios han bajado entre un 30 y un 35%»,explica Isidro Martín. Este agente inmobiliario apunta que se deberían agilizar los trámites para poder montar un negocio,porque «muchas veces la burocracia hace que mucha gente desista de montar nada».
En este contexto,el Gobierno nacional acaba de impulsar una nueva legislación para regular el mercado del alquiler,con la que se pretende potenciar el arren damiento. Bajo el punto de vista de Isidro Martín,la nueva normativa puede incentivar el mercado del alquiler y puede ser una medida «viable para dinamizar el sector y ayudar a cambiar la tendencia entre el alquiler y la compra de viviendas».
Entre las principales novedades de esta legislación,hay que destacar la reducción de la duración mínima de los contratos de arrendamiento de cinco a tres años y la posibilidad de desligar la actualización de las rentas del Índice de Precios de Consumo (IPC),como se hacía hasta ahora.
En cuanto a la reducción de la llamada prórroga obligatoria,Isidro Martín opina que se trata de un cambio positivo,ya que en cinco años el precio de un alquiler puede quedar desfasado,tanto al alza como a la baja y que no repercute en la estabilidad de quienes viven de alquiler. Pero también hay otros puntos de esta normativa,que entró en vigor el pasado uno de junio que han suscitado quejas y alabanzas entre los profesionales del sector,los arrendadores y los inquilinos. Una de ellas son los importantes cambios sobre un de los problemas que trae de cabeza a miles de familias,los desahucios. Desde este mes el arrendador podrá solicitar el procedimiento de desalojo con solo un mes de impago y una vez el Juzgado remita la notificación,el inquilino tendrá que abonar la deuda o presentar alegaciones en diez días.
El Gobierno,además,creará un registro de sentencias firmes de impagos,con el objetivo de ofrecer información a los propietarios del riesgo que supone arrendar una vivienda a personas que han sido condenadas judicialmente.
El arrendador podrá recuperar su vivienda pese a tenerla alquilada,si se cumplen una serie de requisitos. Por un lado,deberá haber transcurrido al menos un año desde que se firmó el contrato de alquiler y debe comunicar que quiere recuperar la vivienda con dos meses de antelación.
La norma también incluye que los plazos de los procedimientos judiciales para recuperar las viviendas se agilizarán. Se habilitará un plazo de diez días para que el arrendatario pague la deuda pendiente antes de iniciarse el proceso o para que exprese sus alegaciones. Los arrendatarios podrán romper el contrato una vez que hayan transcurrido al menos seis meses,siempre y cuando se lo comuniquen al casero con una antelación mínima de un mes. ObrasEl inquilino podrá realizar obras en la vivienda,si previamente lo pacta con su casero y restar estos gastos de las rentas que debe abonar. La norma que regulaba hasta ahora los alquileres no incluía esa posibilidad. De otro lado,el arrendador,pasados cinco años,podrá realizar obras y repercutir los costes sobre el inquilino.
Quien compre una vivienda alquilada solo estará obligado a mantenerla arrendada si el contrato estaba inscrito en el Registro de la Propiedad antes de efectuarse la compraventa. Si no está registrado el inquilino podrá permanecer durante tres meses en el piso.
El certificado de eficiencia energética es obligatorio desde el pasado uno de junio tanto para alquilar como para vender un inmueble. Los propietarios que comercialicen sus casas sin esta etiqueta podrán ser sancionados con hasta 6.000 euros de multa. «Teníamos que haberlo tenido desde hace tiempo»,expone el delegado de expertos inmobiliarios de Tenerife,Isidro Martín,»porque ahora dada la situación económica se ha acogido mal,porque es difícil desembolsar esa cantidad para realizar estas operaciones».
