La Asamblea General de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha acordado este jueves presentar una enmienda al anteproyecto de reforma de la administración local al entender que su aprobación puede poner en «serio peligro» los servicios públicos que prestan los ayuntamientos en Canarias.
Así lo ha anunciado el presidente de la Fecam,en una rueda de prensa en la que ha intervenido junto a la vicepresidente primera y alcaldesa de La Guancha,Elena Luis,y el vicepresidente segundo y alcalde de Agaete,Antonio Calcines,según informa Europa Press. Ramón Plasencia ha explicado que la Fecam,si bien está «totalmente de acuerdo» con la racionalización de la administración local,ha decidido enmendar el traspaso de competencias de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes previsto en el borrador,que en Canarias afecta a 60 de los 88 municipios.
En este sentido,la Fecam solicitará que se explique por qué en el traspaso de competencias se establece el corte en municipios de menos de 20.000 habitantes,pues «son los menos endeudados en estos momentos»,remarcó. Desde la Federación también se va a defender lo que compete a los servicios sociales porque,según Plasencia,los ciudadanos son «los que van a sufrir las consecuencias de que estas competencias pasen a las comunidades autónomas o a los cabildos».
La Fecam,igualmente,hará alegaciones en lo que se refiere a los interventores en el control financiero de los ayuntamientos al considerar que también debe existir un control jurídico del mismo. Respecto a las retribuciones,la Fecam ha decidido no pronunciarse porque la FEMP ha elaborado un borrador fijando unos máximos y unos mínimos para las retribuciones de los alcaldes que será remitido al Ministerio.
No obstante,Ramón Plasencia recordó que la Fecam ya elaboró en 2005 unas tablas que se han enviado a los ayuntamientos para que sirvieran de referencia a la hora de fijar los sueldos de los alcaldes.
Igualmente,ha querido dejado claro que no existe «ninguna discusión» respecto a la regulación de las retribuciones de los alcaldes,aunque negó que vaya a suponer un ahorro de 7.000 millones porque «no existe ningún estudio económico que lo justifique». Es más,ha señalado que de aplicar las tablas que recoge el actual borrador,en el caso de Canarias habrá alcaldes que cobren más de lo que perciben hasta ahora.
La Fecam también va a intentar difundir los problemas que traerá esta ley,sobre todo a los ciudadanos,y para ello ha acordado constituir una comisión formada por cuatro representantes -uno por cada fuerza política- para negociar una disposición adicional en la que se tenga en cuenta las singularidades de Canarias.
Servicios «en riesgo»
La vicepresidenta de la Fecam ha aclarado,por su parte,que la preocupación de los municipios canarios no está en la retribución de los cargos públicos o en la delimitación de los concejales liberados,sino en que,de aprobarse esta ley,»todos los servicios que prestan los ayuntamientos están en riesgo,especialmente en Canarias».
Elena Luis cuestionó que los cabildos o las comunidades autónomas puedan garantizar en igualdad de condiciones los servicios que sean transferidos por parte de los ayuntamientos,y advirtió que la mayor parte terminarán desapareciendo porque «no serán sostenibles». «Hablamos,por tanto,de épocas preconstitucionales,donde los servicios estaban muy limitados y donde no todos los ciudadanos podían acceder en igualdad de condiciones a los mismos»,apuntó.
Respecto a la posición que tienen los alcaldes del PP hacia el anteproyecto,el presidente de la Fecam ha hecho hincapié en que la Federación «siempre ha tenido presente el interés general y el municipalismo,por lo que en estos momentos todos estamos de acuerdo con que las administraciones tengamos una sola voz desde Canarias»,agregó. En este sentido,Antonio Calcines,que es miembro del Partido Popular,ha aclarado que la situación que ha generado el borrador de la reforma de la administración local ha hecho que los alcaldes canarios del PP se «olviden del color político y se muevan por el interés de los ciudadanos».
El vicepresidente segundo también ha dicho que le consta que desde el Gobierno hay artículos en el borrador que se pueden modificar,algunos de ellos relacionados con los servicios sociales,y también ha afirmado que se está considerando el hecho diferencial canario. Por otro lado,el presidente de la Fecam ha descartado presentar un recurso de constitucionalidad contra el anteproyecto. «Por el momento no nos planteamos otras medidas que vayan más allá del diálogo y del consenso»,indicó.