El vicepresidente primero y consejero insular de Régimen Interior y Patrimonio Insular del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, ha valorado positivamente este jueves, en la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias, las medidas incorporadas por el Gobierno autonómico para agilizar la atención a las personas en situación de dependencia, al tiempo que ha reclamado reforzar la coordinación entre administraciones, acelerar la puesta en marcha de nuevas plazas y garantizar una financiación suficiente y estable.
Durante su intervención para valorar el Decreto ley 5/2026, que incorpora medidas fiscales, actuaciones relacionadas con la gestión de los fondos europeos Next Generation y modificaciones en el funcionamiento, acreditación y calidad de los centros y servicios vinculados a la autonomía personal y la dependencia, Reyes situó este último ámbito como uno de los principales retos que Canarias debe afrontar.
Según los datos recogidos en la propia norma, a 31 de marzo de 2026 Canarias contaba con 71.093 personas con Programa Individual de Atención (PIA) aprobado. De ellas, 55.032 recibían ya una prestación efectiva, mientras que otras 16.061 todavía no podían hacer efectivo el derecho reconocido.
“Hemos avanzado en el reconocimiento de la dependencia, pero ahora tenemos que conseguir que ese reconocimiento se convierta realmente en una plaza residencial, una plaza en un centro de día, atención domiciliaria o el recurso que corresponda en cada caso”, sostuvo.
El vicepresidente primero consideró acertado que el decreto permita a la Comunidad Autónoma organizar y gestionar plazas y recursos cuando exista insuficiencia, demora en el acceso, urgencia social, necesidad de continuidad asistencial o desequilibrios territoriales, preservando las competencias de los cabildos sobre los recursos de su titularidad y gestión.
“No se trata de sustituir a los cabildos, sino de sumar capacidades entre ambas instituciones”, afirmó Reyes, quien también valoró la simplificación de los procedimientos de funcionamiento y acreditación de centros. En este sentido, señaló que la declaración responsable puede facilitar una incorporación más rápida de recursos, manteniendo las facultades de inspección, control y comprobación de la Administración.
Reyes insistió, además, en que la planificación debe atender a la realidad específica de cada territorio. “No es lo mismo organizar una red de servicios en una isla capitalina quehacerlo en una isla con menor población, mayor dispersión territorial y una oferta más limitada de centros especializados”, señaló.
Por ello, defendió aprovechar las nuevas herramientas para “reforzar la planificación conjunta, compartir información, acelerar nuevas plazas y garantizar una financiación suficiente y estable”.
En materia tributaria, Reyes destacó que las modificaciones planteadas son ajustes “muy concretos y de carácter fundamentalmente técnico” y no una reforma del sistema fiscal canario. A juicio del Cabildo, no deberían ocasionar un perjuicio significativo sobre los recursos de las corporaciones insulares, aunque defendió realizar un seguimiento dentro de los mecanismos habituales de coordinación financiera entre el Gobierno de Canarias y los cabildos.
También consideró positiva la mayor flexibilidad introducida para la ejecución y justificación de los fondos europeos Next Generation, al facilitar la gestión administrativa y presupuestaria de las instituciones públicas.
“El objetivo final tiene que ser sencillo: que ninguna persona con una situación de dependencia reconocida tenga que esperar indefinidamente para recibir la atención a la que tiene derecho”, apuntó Reyes, quien reclamó coordinación, recursos, planificación y responsabilidad compartida entre el Gobierno de Canarias y los cabildos.