Transeúntes que no han respetado las restricciones a los desplazamientos impuestos por el decreto que establece el estado de alarma han sido castigados con las primeras sanciones a incumplidores de la norma, por el momento todas de carácter leve y en algunos casos objeto de vídeos virales en las redes.

El incumplimiento de las limitaciones por el estado de alarma puede acarrear sanciones para los ciudadanos que van desde multas de 100 euros hasta pena de tres meses de cárcel por un delito de desobediencia y de cuatro años por atentado a la autoridad.

En Almería, la Policía Nacional ha detenido por desobediencia a un ciclista que no paró cuando agentes desplegados en la zona del paseo marítimo le dieron el alto cuando presuntamente ignoraba las limitaciones.

En uno de los casos que se ha vuelto viral, vecinos de Lorca (Murcia) han aplaudido desde sus casas el arresto de un viandante que, contraviniendo las medidas, deambulaba por la calle haciendo caso omiso a la Policía Nacional.

La Ertzaintza ha arrestado a un hombre por agredir a varios agentes cuando procedían a cerrar un club que permanecía abierto pese a que ya había entrado en vigor el estado de alarma.

Otro casos de vinculado a las fiestas ha tenido lugar en Granada: allí cuatro personas han sido detenidas por organizar fiestas en sus viviendas. En Cataluña los Mossos han cerrado numerosos establecimientos y locales de ocio que permanecían abiertos pese a la orden de cierre y han levantado siete actas administrativas.

Otros infractores virales se han dejado ver en Madrid, donde se ha visto a personas que han salido a la calle a hacer deporte, como se refleja en vídeos colgados en las redes, en los que se denuncia el incumplimiento del estado de alarma. Cerca de la ciudad, en el municipio de Valdemoro, tres personas fueron denunciadas por permanecer en la vía pública fuera de los puestos establecidos y sobre ello recaerá una sanción de 1.501 a 30.000 euros.

En Valencia los agentes están realizando este domingo una labor «pedagógica», pero la Policía Nacional ha advertido de la cuantía de las sanciones.

Por ejemplo, están previstas multas de entre 100 y 600 euros por retirar una valla o precinto; de hasta 30.000 euros por negarse a identificarse ante un agente o de hasta 60.000 por conductas que pongan en grave riesgo la salud de la población.

El delito de desobediencia a agentes de la autoridad o al personal de seguridad privada se castiga con pena de uno a tres meses de cárcel, mientras que el de atentado prevé penas de hasta cuatro años.