Casimiro Curbelo y Melodie Mendoza

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este martes la modificación de la ley de Cabildos que permitirá ser diputado a los miembros de las juntas de gobierno de los cabildos insulares.

La modificación contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo de Podemos, cuya diputada Concepción Monzón ha indicado que no se trata de poner limitaciones ni establecer incompatibilidades sino de “responsabilidad y de otra forma de hacer política”.

Aunque la diputada de Coalición Canaria Socorro Beato ha insistido en que la ley no tiene nombre, Monzón sí puso el ejemplo de Belén Allende, presidenta del Cabildo de El Hierro y diputada por el grupo Nacionalista Canario, y de Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera y parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera.

En el caso de Allende y, según Monzón que aludió a datos del portal de transparencia, tiene dedicación exclusiva en el Parlamento de Canarias pero solo acude a los plenos mientras que Curbelo solo acude, según la parlamentaria, a los plenos, a la junta de portavoces y a algunas comisiones como la de la reforma electoral o la de transporte.

Asimismo aludió al caso de la diputada del grupo Mixto Melodie Mendoza, que es consejera de Hacienda del Cabildo de La Gomera, pero que a pesar de ello ha tenido 700 intervenciones parlamentarias.

La diputada del grupo Nacionalista Socorro Beato, que defendió la proposición de ley que modifica la ley de Cabildos, dijo que con esta modificación se garantiza el derecho fundamental de sufragio pasivo y participación en los asuntos públicos.

Además ha explicado que en la modificación propuesta se varía el artículo referido a la moción de censura en las corporaciones insulares con el fin de adaptarla a la legislación española y dar seguridad jurídica a esta regulación.

Beato también ha dicho que se modifica la ley de la Función Pública para permitir una prórroga en los tres años del contrato del personal interino que esté realizando un programa de mayor duración.

Para la parlamentaria nacionalista se trata de una iniciativa oportuna que aporta seguridad jurídica y que elimina limitaciones que no pone la legislación básica.