Sabido es mi total oposición a la aprobación de la ley 7/2015 de 1 de abril de Municipios de Canarias publicada en el Boletín Oficial de Canarias de 14 de abril y que entro en vigor dos meses después el pasado 14 de junio estrenándose a la par de las nuevas corporaciones locales canarias,cosa que hace más difícil aún para algunos su conocimiento.
Entiendo el trabajo que hicieron algunos,sobre todo tras la aprobación de ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria de nivel nacional de 2012,que conduce a galimatías tales como tener recursos y no poderlos emplear. Pero no es este el sentido que más me preocupa,la llaga se agrava en cuanto se detecta la ausencia de un debate más profundo y se aprueba una ley de municipios de Canarias para intentar contrarrestar otra de ámbito nacional,pero que según mi propia opinión nos deja desprotegidos a las corporaciones locales para que nuestros vecinos tengan los servicios que entendemos merecen y no andemos como siempre a expensas de las frases de siempre » no hay recursos» o » en el próximo presupuesto lo veremos”,entre otras,eso no queda atado.
Los municipios según su población tienen que prestar unos servicios a los ciudadanos( los obligatorios) ( los propios) y el resto lo deben propiciar otras administraciones,y en muchos casos se confunde al ciudadano porque vienen entendiendo como obligatorios de las corporaciones locales unos servicios que los municipios han ido añadiendo según sus posibilidades económicas sin corresponderles en muchas ocasiones.
Pero como digo,es regla natural que se desee este ascenso a nuestros vecinos,otra cosa es que aquello que no corresponde lo hayan estimado como una obligación aquellas instituciones superiores que de alguna forma están haciendo delación de sus funciones. Esto es más importante de lo que parece porque al no querer que se aclare dado el coste que ello supone seguimos en un campo minado de incertidumbres que tendrá entre los mayores perjudicados a los ciudadanos,y se ha perdido una oportunidad,que ahora se agravará con el conjunto de recursos al estado por parte de la comunidad autónoma ante las llamadas de atención de la última comisión bilateral «Estado-Comunidad Autónoma Canaria”,y que se reunirá durante el mes de septiembre,donde se les vuelve a recordar quien y cuál es la Administración que tiene que sufragar estos costes,esto es la Comunidad Autónoma,pero lo más grave,cuando se tense la cuerda se actuará sobre el Fondo Canario Municipal,comprometiendo en estos últimos el funcionamiento administrativo normal de los ayuntamientos ,abocándolos cada vez con más fuerza al cierre de algún municipio,y si no al tiempo,cada cual que saque sus conclusiones,pero no por oídas,puedo equivocarme pero el documento está a su disposición
Nestor Lopez Pérez
