A dos años de prisión y 10 de inhabilitación asciende la petición que realiza la acusación particular contra la concejala de Viviendas Municipales de Santa Cruz de Tenerife,Ángela Mena,en el marco del caso que se sigue contra ella,por presunto «mobbing» y supuesta prevaricación a una funcionaria del consistorio,en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife. Este procedimiento continuará,con la celebración de juicio oral,en el Juzgado de lo Penal,según informa el periódico El Día.
Junto a Ángela Mena,aparecen como acusados en este proceso judicial otras cinco personas a las que les piden la misma pena: María del Cristo Díaz Méndez,exdirectora de Participación Ciudadana; Miguel Ángel García de León,exjefe de Recursos Humanos; José Enrique Núñez Ruano,excoordinador de Servicios Personales; Nieves Pérez Marichal,directora general de Recursos Humanos desde 2006 hasta la actualidad,y Electra Bermúdez,exsecretaria del Consejo de la Mujer.
Los hechos denunciados por la funcionaria por los que fue imputada la concejal Ángela Mena tuvieron lugar,al parecer,entre enero de 2007 y junio de 2009,citando la afectada,entre otros,el posible acoso laboral por su traslado forzoso a una comisión de servicio cuando tenía plaza fija en el Centro Municipal de la Mujer. En abril de 2010,una sentencia admitía el recurso de la trabajadora municipal obligando a reponerla en su puesto de trabajo.
El abogado de la acusación particular,José Pérez Ventura,manifestó su confianza «en la independencia e imparcialidad de la justicia». En ese marco,incluye a la Fiscalía,»pero me gustaría que explicara algunas cuestiones llamativas,como por qué estuvo presente solo en la declaración de Ángela Mena y no en las del resto de imputados; por qué la concejala accedió al Palacio de Justicia no como cualquier persona,sino incumpliendo el protocolo de seguridad; por qué se entregó a una periodista el escrito de la Fiscalía pidiendo el sobreseimiento de la causa antes que al propio juzgado y,finalmente,por qué ante la gravedad de los hechos no hizo acusación».
El fiscal José Luis Sánchez-Jaúregui pidió,el 1 de julio pasado,el sobreseimiento y archivo provisional de las actuaciones judiciales por supuesto acoso laboral,petición que no atendió la jueza transformando las diligencias previas en procedimiento abreviado. Esta decisión judicial se encuentra recurrida por los imputados,recurso aún no resuelto.
La génesis del caso la sitúa la acusación el 4 de octubre de 2007,cuando la funcionaria denunciante emitió un informe técnico,a solicitud de la Mesa de Contratación del servicio para el «Impulso,ejecución y evaluación del II Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres y Prestación de los Servicios Especializados de la Concejalía de la Mujer»,en el que la empresa Innova obtuvo la menor puntuación.
