La Fiscalía Anticorrupción de Tenerife se ha querellado contra catorce miembros del actual grupo de gobierno de Arona,integrado por Coalición Canaria (CC); el exalcalde José Alberto González Reverón,y otros dos ediles en la oposición del Centro Canario Nacionalista (CCN) por no haber cumplido el fallo firme que obligaba al cese de Reverón.
La fiscal jefe de Santa Cruz,Carmen Almendral,confirmó que también se ha solicitado la apertura de determinadas diligencias para esclarecer cómo es posible que el entonces alcalde siguiera en su cargo cinco meses después de haberse decretado su inhabilitación. La querella fue presentada por Izquierda Unida Canaria (IUC) y su contenido ha sido adelantado por el digital AquiSur del que se hace eco CANARIASAHORA.COM
José Antonio Reverón González,concejal de Ciudadanos por Arona,recordó que durante los meses que transcurrieron entre la sentencia por un delito continuado de prevaricación y el cese obligado de Reverón presentaron diversas denuncias junto a IUC e incluso tuvo que intervenir la Fiscalía del Estado. Pero además,los denunciantes solicitarán que Reverón devuelva el dinero cobrado durante este tiempo tanto en concepto de sueldo como de dietas. Durante aquellas fechas el exalcalde presentó todo tipo de recursos con el fin de evitar dejar el cargo dentro de lo que se conoció como caso Enchufe por haber dado trabajo en el Ayuntamiento a personas de su formación política incumpliendo la legislación.
Los hechos se sucedieron entre el mes de agosto del pasado año y finales de 2012 durante los cuales los ahora denunciados llegaron a votar en pleno para no cumplir con la sentencia que inhabilitaba al ex alcalde,al considerar que la ley que así lo determinaba era anticonstitucional y violaba sus derechos fundamentales.
Entre los argumentos utilizados para no cumplir con la legislación que entró en vigor antes de las elecciones de 2011 dentro del pacto antiterrorismo,era que ésta resultaba injusta porque la condena no era firme y el alcalde había sacado mayoría absoluta.
La Fiscalía Anticorrupción en su denuncia,cuyo contenido probablemente será dado a conocer el miércoles en rueda de prensa por IUC,recoge que desde el grupo de gobierno se pusieron todas las trabas posibles para mantener oculta la sentencia. De esta manera evitaban también que la secretaría pudiera informar sobre la existencia de incompatibilidad legal para seguir en el cargo. Pero una vez que se tuvo acceso a este fallo también se ignoraron los pronunciamientos para que Reverón dimitiera desde la Junta Electoral Central. Para defender sus argumentos el grupo de gobierno encargó dos informes a otros tantos expertos externos. Finalmente,intervino la Audiencia Provincial y se obligó a que Reverón dejara el cargo y cumpliera la sentencia que lo inhabilita por casi cinco años.
