Se ha abierto la puerta,pero aún hay mucho camino que recorrer. La presión de la calle ha hecho posible que el Congreso de los Diputados tome en consideración una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regular la dación en pago de la vivienda habitual,paralizar desahucios y favorecer el alquiler social.
Se trata,sin duda,de una gran victoria de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca,que logró reunir más de 1,4 millones de firmas – casi el triple de lo que se requiere -. No está garantizado,sin embargo,que la iniciativa,respaldada por sindicatos,partidos políticos en la oposición e incluso el PP,que a última hora,después de mucha oposición,aceptó debatir la propuesta,se apruebe de manera textual.
Las cifras son escalofriantes y exigen una intervención decidida por parte del gobierno: 2012 registró meses con más de 500 desahucios diarios y,desgraciadamente,han sido muchas las personas que no han podido soportar la presión y se han visto avocadas al suicidio. La semana pasada,justo el mismo día en que se decidió tomar en consideración la propuesta de la Plataforma,se quitó la vida un matrimonio de jubilados de Mallorca,que había recibido el aviso de que iban a ser desahuciados del domicilio por impago. Al día siguiente se repitió el suceso en Alicante y esta misma semana una mujer se inmolaba en una sucursal bancaria en Castellón.
No podemos,por tanto,quedarnos con la reciente victoria. Tenemos que avanzar para solucionar este terrible problema,que junto con el desempleo se ha convertido en una de las mayores tragedias sociales. Y debemos actuar,además,con la mayor celeridad posible,de modo que las medidas puedan añadirse al proyecto de Ley Antidesahucios,actualmente en tramitación. Es necesario que se imponga la cordura y se tomen decisiones que respalden a los más débiles. En consecuencia,el Gobierno debe olvidarse de imponer su mayoría absoluta y trabajar con el resto de grupos para conseguir que las tres medidas que se recogen en la ILP se conviertan en Proyecto de Ley.
Se trata de impedir que la gente pierda la casa en la que ha invertido todos sus esfuerzos y se quede en la calle; se trata de cambiar la Ley de Enjuiciamiento Civil,para que se pueda cancelar la hipoteca sobre vivienda habitual con la subasta de dicho inmueble y sin que los bancos puedan reclamar que se siga pagando la deuda,tal y como sucede actualmente.
Y se trata,además,de permitir que el propietario que se ha visto obligado a entregar su casa pueda seguir residiendo en ella a título de arrendamiento por un periodo de 5 años y una renta mensual que no sea superior al 30 por ciento de sus ingresos,al tiempo que se favorecen las bolsas de vivienda de alquiler a precios asequibles. ¿Acaso es mucho pedir? Yo creo que no.
Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de La Gomera
