La Federación Canaria de Municipios (FECAM) inició este jueves,17 de enero,diversas reuniones con representantes de las entidades financieras canarias para informarles sobre la preocupación que tienen ante el tema de los desahucios y ofrecer una intermediación hipotecaria que agote todas las posibilidades que eviten medidas traumáticas a los ciudadanos que puedan perder su vivienda.
En este sentido,Manuel Ramón Plasencia,alcalde de Alajeró y presidente de la FECAM en compañía de los primeros ediles de La Matanza y Buenavista del Norte,Ignacio Rodríguez y Antonio González Fortes,miembros del Comité Ejecutivo de esta Federación,han planteado ya a directivos de Cajasiete,Caja Rural de Canarias y Bankinter sus propuestas,que en palabras de Plasencia Barroso “han sido recibidas por parte de las entidades de una forma positiva con el ánimo de presentar toda su colaboración” y el próximo lunes se harán los mismos planteamientos al BBVA,Bankia,Banco de Sabadell y Banco Popular.
Los ayuntamientos canarios consideran que “con el estallido de la crisis y el aumento del paro,centenares de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades básicas,como es el mantenimiento de sus viviendas y que “teniendo en cuenta que Canarias según datos del Consejo General del Poder Judicial es la quinta comunidad autónoma en la que se han producido más desahucios en España durante el primer trimestre del pasado año 2012,lo que significa un total de 2.193 desalojos de viviendas por incumplimiento de pagos se deben adoptar medidas que sigan perjudicando de forma tan directa a los ciudadanos que ven que cuando se enfrentan a la pérdida de su vivienda no solo sucede eso,sino que se quedan sometidos a una condena financiera de por vida.
La FECAM considera que la legislación es “cuando menos,anómala y no tiene comparativa con la de otros países europeos de nuestro entorno como Francia,Alemania o Portugal,quedando demostrado con las afirmaciones realizadas desde el Tribunal de Justica de la Unión Europea (TUE) que concluye que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria”.
Los municipios canarios consideran que el derecho a la vivienda es “un mandato constitucional especialmente recogido en el artículo 47 y 33 y por ello y otros aspectos,todo depende básicamente de una normativa de competencia estatal,pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal,ya que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente los ciudadanos afectados en busca de ayuda y ello convierte a estas instituciones en doblemente perjudicadas,ya que en primer lugar se vulneran los derechos fundamentales de los vecinos y vecinas y en segundo lugar,porque en pleno contexto de crisis,cuando los recursos son más escasos que nunca,reciben todas las peticiones de ayudas de las personas y familias más empobrecidas”.
Los alcaldes además de mostrar su apoyo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y a los ciudadanos que sufren este drama,insta al Gobierno del Estado a modificar el actual marco legal que regula el mercado hipotecario solicitando para ello la dación en pago de manera que,en los casos de residencia habitual,si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda,la totalidad de la deuda quede liquidada.
Por último la FECAM cree que se debe actuar en dos niveles distintos. Por un lado el judicial creando un servicio de información al ciudadano afectado por hipotecas para prestar asesoramiento integral que incluya no solo las vías legales para poderse enfrentar al procedimiento de ejecución hipotecaria,sino además que puedan ser informados sobre los recursos sociales que pudieran impedir un futuro desalojo forzoso. Y por otro lado,a nivel social regulando un procedimiento de devolución con carácter urgente de los impuestos locales indebidamente cobrados a los afectados por estos procedimientos.
