La declaración,leída por el presidente de la Cámara Alta,Pío García-Escudero,en sesión plenaria y firmada por todos los grupos parlamentarios,indica que es la proximidad de las administraciones la que «garantiza la transparencia y la eficiencia de las entidades,además del adecuado y cercano tratamiento de las cuestiones que atañen directamente a los habitantes de una población».
En este sentido,el Senado subraya que «la madurez democrática» de las instituciones españolas «queda evidenciada por el reconocimiento de la necesidad de acercar la administración al ciudadano,organizarla y ponerla a su servicio».
Según el texto,»estos son los preceptos que marcan un antes y un después en la senda de la democracia iniciada con la Constitución de las Cortes de Cádiz»,y ese «deseo de reorganización de la administración y de vocación de servicio es lo que trae consigo la descentralización de competencias».
UNA INSTITUCIÓN «SINGULAR Y DIFERENTE»
En lo que respecta a la constitución de los cabildos,la Cámara Alta los define como «una institución singular,diferente y de una relevancia política importantísima para el archipiélago canario y para el marco constitucional»,sólo equiparable a los consejos,en Baleares,»cuya naturaleza merece ser tomada en consideración y contar con todo el apoyo y reconocimiento de las fuerzas políticas presentes en el Senado».
La declaración asegura que,aunque no se constituyeron hasta 1912,la influencia de estas corporaciones insulares «venía desarrollándose en el ámbito de cada isla desde épocas previas a la conquista,durante los asentamientos prehispánicos».
«Si bien compartían su jurisdicción con otras entidades,su composición era diferente y desempeñaban algunas funciones que hoy no les son propias,ya comenzaba a forjarse el carácter supramunicipal de los cabildos,que se generalizaron en todas las islas y surgía de la necesidad del reconocimiento expreso que les confirió la ley de 1912»,explica.
Por todo ello,el Senado considera que el centenario de esta entidad administrativa debe ser una «oportunidad» para reconocer la «importancia de las administraciones públicas en el marco de la Constitución española y del Estado de Derecho como garantes del orden y el bienestar social de los ciudadanos».