La imposibilidad de ampliar la cartera de servicios sociales,la posibilidad de que a mediados de año los consistorios ya no puedan mantener este tipo ayudas y la desaparición de los ocho millones de euros para la aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias es el resultado del primer análisis que el Gobierno regional,los cabildos y ayuntamientos han hecho de los recortes presupuestarios del Ejecutivo central en el área de Bienestar social.
Por este motivo,el Gobierno de Canarias ha convocado una reunión urgente para mañana con cabildos y ayuntamientos con el fin de analizar los efectos que tendrán en las ayudas sociales que ya se prestan en las Islas estas nuevas partidas presupuestarias,que afectarán principalmente al plan concertado de prestaciones básicas de los consistorios.
La «enorme preocupación» que tienen los ayuntamientos isleños fue manifestada por el presidente de la Fecam,Manuel Ramón,quien explicó que «si el año pasado la situación ya era complicada con los recursos que nos dieron,ahora,con este presupuesto,lo vamos a tener muy difícil para seguir manteniendo los servicios sociales que prestamos».
A juicio de Manuel Ramón,a estos ajustes en Bienestar social se juntan las nuevas políticas de empleo,lo que «dificultará la situación porque verán aumentada la demanda de ayudas a los ayuntamientos,y si antes teníamos recursos limitados,ahora la situación empeorará». Por ello,el presidente de la Fecam admitió que «vamos a tener muy difícil de aquí a final de este año mantener estos servicios»,y detalló que las prestaciones a ayuda a domicilio y de emergencia social serán las más afectadas,y,además,»tendremos que hacer una reducción de personal que esté dentro del plan concertado».
Preocupación también fue lo que mostró el consejero de Bienestar Social del Cabildo de Tenerife,Aurelio Abreu,quien consideró que estas partidas provocarán que «las corporaciones locales,cuando llegue el mes de julio,no tengan recursos necesarios para seguir manteniendo los servicios hasta el 31 de diciembre». En este sentido,destacó que «los ayuntamientos van a cobrar del fondo de financiación local en torno a un 20 por ciento menos de lo que les correspondía en el año 2011,lo que provocará que se vean prácticamente sin recursos para mantener los servicios sociales».
Abreu también mostró su preocupación por la congelación de los ocho millones de euros que se destinaron el año pasado a la Ley de Dependencia,»que en el caso de Tenerife supone cerca de dos millones y medio de euros». Pese a estas partidas presupuestarias,Aurelio Abreu recordó que en «el IASS hemos mantenido el compromiso de que los centros y las plazas tengan el mismo presupuesto en el 2012 que el año anterior,y buscaremos la manera para que esto sea así».
Por su parte,la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias,Inés Rojas,ya mostró la semana pasada su preocupación por estos recortes,sobre todo en lo referente a la Ley de Dependencia,ya que a su juicio este «tijeretazo en materia de dependencia supondrá un grave peligro para la supervivencia de la propia Ley».
Pese a este primer análisis de las administraciones canarias,no será hasta después de la reunión del miércoles cuando se conozca de forma detallada cómo se verán afectados los servicios sociales que ya se prestan en las Islas.
