Sandra y Carlos (nombres ficticios) vivían del cultivo de su tierra en el departamento de Vichada hasta que en julio de 2010 unos soldados les detuvieron y se los llevaron al monte,acusándoles de ser guerrilleros. Los soldados agredieron sexualmente a Sandra antes de dejarles marchar al día siguiente. Sin embargo,continuaron acosándoles y amenazándoles con entregarles a los paramilitares.
Una semana después,Sandra y Carlos huyeron de Vichada. No obstante,las autoridades se han negado a reconocer la declaración de la pareja de que fueron desplazados forzosamente por la violencia política y,como consecuencia,no han recibido ninguna ayuda del Estado.
Desde la agresión la pareja siente un intenso miedo y angustia,y para Sandra recordar la violencia a la que fue sometida le sigue causando un gran sufrimiento y una profunda sensación de repugnancia. Todavía no ha sido capaz de contar a Carlos todo lo que le hicieron.
La pareja denunció la agresión a la Fiscalía General de la Nación que ahora investiga el caso. Sin embargo,ha habido muy pocos avances y Sandra y Carlos se empiezan a preguntar si tiene sentido insistir en que se haga justicia.
Su caso no es único. Mujeres y niñas vienen siendo objeto de una violencia sexual generalizada y sistemática a manos de todas las partes del largo conflicto armado de Colombia: paramilitares,miembros de las fuerzas de seguridad y combatientes de la guerrilla. Las mujeres sufren abusos sexuales por el simple hecho de serlo,para explotarlas como esclavas sexuales,para sembrar el terror en las comunidades y así facilitar la imposición del control militar,para obligar a familias enteras a huir de sus casas y permitir la apropiación de sus tierras,y para vengarse de los adversarios.
Las defensoras de derechos humanos y las líderes comunitarias son agredidas sexualmente en represalia por su labor o en un intento de silenciarlas.
Muy pocos autores de crímenes de violencia sexual cometidos durante los 45 años del conflicto han comparecido ante la justicia. La impunidad impera. Aunque el gobierno de Juan Manuel Santos se ha comprometido a abordar las violaciones de derechos humanos y la impunidad,hasta ahora las mujeres apenas han visto cambios reales en sus vidas.
Las mujeres y niñas colombianas sobrevivientes de violencia sexual exigen justicia. Ayúdales. Exígeselo tú también al gobierno colombiano.
¡Actúa!
Rellena tus datos para que enviemos un mensaje en tu nombre ( leer ) al Presidente de Colombia Juan Manuel Santos (el mensaje enviado contendrá tu nombre,apellidos y correo electrónico).
Señor Presidente:
Le escribo para expresarle mi profunda preocupación porque las mujeres y niñas de Colombia son objeto de una violencia sexual generalizada y sistemática a manos de todas las partes del largo conflicto armado de Colombia,y hasta ahora la inmensa mayoría de estos crímenes siguen impunes.
Desde su toma de posesión en 2010,el gobierno ha prometido abordar la crisis de los derechos humanos pero aún no hemos visto mejoras reales en cuanto a hacer comparecer ante la justicia a los responsables de abusos,incluidos los actos de violencia sexual contra las mujeres.
El gobierno colombiano debe:
– Desarrollar una estrategia integral de género,que incluya medidas para combatir la discriminación de mujeres y niñas,y que aborde la estigmatización de las víctimas de la violencia sexual.
– Poner fin a la impunidad en los casos de violencia contra la mujer,lo que incluye mejorar la capacidad de la Fiscalía General de la Nación para investigar casos de violencia contra la mujer; garantizar que los agentes estatales rinden cuentas de sus actos; y excluir los casos de violencia contra la mujer del sistema de justicia militar.
– Garantizar que las sobrevivientes de la violencia sexual tienen acceso a atención psicológica y médica adecuadas.
– Asegurar que las violaciones sexuales son definidas como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando sea oportuno,como medida para garantizar que las investigaciones penales abordan la responsabilidad de la cadena de mando.
– Modificar la definición de “violación” en el Código Penal para garantizar que coincide con la definición de “violación” del derecho internacional penal.
– Garantizar que los fiscales que investigan casos de violencia sexual en los que están implicados los paramilitares y las fuerzas de seguridad tienen acceso sin trabas a los jefes paramilitares extraditados en Estados Unidos.
– Implementar un proceso nacional de recogida de datos como parte del proceso de reconocimiento del alcance que tiene la violencia contra la mujer relacionada con el conflicto.
Es fundamental que su gobierno actúe para proteger a la población civil,incluidos los defensores y defensoras de derechos humanos y las sobrevivientes de la violencia sexual,y que garantice que se respeta el derecho a la verdad,la justicia y la reparación de todas las víctimas de abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario.
