El Cabildo de El Hierro volverá a presentar de nuevo un contencioso administrativo contra el Gobierno de Canarias por «desacuerdos» en la liquidación de los recursos que les corresponden por el Régimen Económico y Fiscal Canario (REF).

Según informó la Corporación en un comunicado,hace apenas 10 días,se le liquidó lo correspondiente al año pasado y,»como ocurriera con respecto a 2009,la liquidación está por debajo de lo recaudado en el año 2002,fecha de tope mínimo que establece la Disposición Adicional 4ª de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias (9/2003) con respecto a lo que deben recaudar las corporaciones locales,argumento jurídico en el que se basan cabildos y ayuntamientos para solicitar al Gobierno la compensación económica correspondiente».

Ante esto indica que el Cabildo de El Hierro se prepara ya para presentar este nuevo trámite ante los tribunales,cuyo pleno aprobó este jueves,12 de mayo,designar abogado para continuar con el trámite legal correspondiente.

Tal y como explicó el consejero de Hacienda de esta Institución,Javier Armas,los cabildos deben hacerlo de forma independiente ya que la Federación Canaria de Islas (Fecai) no tiene entidad jurídica propia y el Cabildo de El Hierro ha decidido ya presentar este nuevo contencioso.

Armas afirmó que,según la información que maneja el Cabildo herreño,este mismo verano se podría conocer el fallo judicial con respecto a los litigiosos ya iniciados por los distintos cabildos respecto a la liquidación de 2009 y que condicionará,como sería lógico,la respuesta judicial también en el caso de 2010.

EL CONSULTIVO

«Inicialmente,el Consejo Consultivo de Canarias nos ha dado la razón con su primer informe y lo que hemos entablado es realmente un contencioso para interpretar definitivamente a quién corresponde pagar esa diferencia que entendemos nosotros atañe al Gobierno de Canarias»,declaró Armas.

«Esta nueva acción viene a reforzar la postura que hemos mantenido firme todos los cabildos y volver a incidir sobre el fondo de la cuestión por entender que es de justicia que se nos garantice a las corporaciones locales un tope mínimo de recaudación de los impuestos que nos corresponden a todos»,finaliza.