La Moncloa, Madrid.- El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos ley para abordar el que, en palabras de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, «es el principal problema de los españoles y las españolas»: el acceso a la vivienda.
Escudo social frente a los desahucios y lucha contra la especulación y el fraude
Un primer real decreto ley busca proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta asequible. Se trata, según ha manifestado la ministra, de una «norma ambiciosa», impulsada por su departamento y con aportaciones de grupos políticos, organizaciones sociales y expertos, para encarar «grandes problemas que sufren millones de españoles».
Isabel Rodríguez ha dividido las iniciativas contenidas en la norma en cuatro bloques. El primero se enfoca en evitar los desahucios: el texto amplía la vigencia del ‘escudo social’ hasta el 31 de diciembre del año 2030 y mejora todos los mecanismos de protección de las administraciones públicas para evitar casos como el de Maricarmen.
El segundo bloque aborda las compras especulativas por parte de los conocidos como ‘fondos buitre’. «No solamente ponemos nombres y apellidos a los especuladores, sino que además vamos a identificar a esas empresas para prohibirles que sigan mercadeando con un bien esencial, con un bien social como es la vivienda en nuestro país», ha asegurado Rodríguez.
La norma también reordena la fiscalidad de las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi) para que orienten su inversión a la vivienda asequible, «no al uso de la inversión en el ámbito de la especulación». Además, el decreto ley combate el fraude en el alquiler de temporada y en el de habitaciones y establece un IVA del 10% para los pisos turísticos. La ministra ha recordado que una parte del fraude se encuentra en la existencia de pisos turísticos ilegales, «que deben estar siendo clausurados en este momento por las comunidades autónomas».
Ayudas a las familias e impulso del parque público
Reducir el esfuerzo económico de las familias para acceder a la vivienda es el objetivo del tercer bloque del decreto ley. La titular de Vivienda ha señalado que, en ocasiones, los hogares destinan más de la mitad de sus salarios a este fin. Entre las medidas incluidas en este apartado figuran las bonificaciones fiscales para rentas de hasta 33.000 euros, graduadas según los ingresos, lo que supondrá para algunas familias el ahorro de una mensualidad de las rentas de alquiler; incentivos fiscales para particulares que «no se suman al carro de la especulación», y un nuevo mecanismo de financiación para el acceso a la primera vivienda con un tipo de interés cero.
El cuarto bloque se dirige a la «herramienta más útil» para paliar esta crisis, según la ministra de Vivienda: «Más vivienda y más vivienda pública». El decreto ley consolida la protección del parque público de vivienda, activa diversas palancas de la Administración General del Estado que estaban pendientes para nutrir ese parque a través de la entidad estatal Casa 47 y rebaja al 4% el IVA para las viviendas de promoción pública y la vivienda protegida.
Renovación automática de los contratos de alquiler
El segundo real decreto ley de vivienda aprobado hoy recoge medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
La titular de Vivienda y Agenda Urbana ha recordado que los contratos de Casa 47 tienen 75 años de vigencia: «Queremos conseguir dar esa estabilidad también al mercado del alquiler para que vivir de alquiler no sea vivir de segunda, no sea vivir en vilo, para que vivir de alquiler también sea vivir tranquilo».
La norma plantea la renovación automática de los contratos de alquiler, con salvaguardas por distintas circunstancias, lo que se inspira en las normativas de otros países europeos.
Bajadas de impuestos y ayudas frente a la crisis en Oriente Medio
El Consejo de Ministros ha aprobado otro real decreto ley con el tercer paquete de medidas enmarcadas en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. El primero se aprobó en marzo y se prorrogó en junio; con el de hoy, las medidas de apoyo a hogares, empresas y sectores más expuestos se extienden y adaptan hasta el 31 de diciembre de 2026. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido que se trata de un plan de protección «ambicioso» que, al mismo tiempo, impulsa la soberanía energética y la electrificación de la economía. El esfuerzo presupuestario total se cifra en más de 12.000 millones de euros.
Cuerpo ha explicado que, frente a las expectativas de estabilización que existían en junio, durante el verano han continuado los riesgos geopolíticos y se han encarecido tanto el petróleo como el gas. «De hecho, si miramos también las expectativas de los mercados, esta recuperación completa de los precios y de los tránsitos por el estrecho de Ormuz ya no la anticipan los mercados para este año», ha apuntado. A estas restricciones marítimas se suman tensiones en el suministro de productos refinados y la reducción de las existencias disponibles, lo que está generando una presión adicional sobre los costes en materia energética y también sobre los precios en general.
En el caso de España, la inflación ha subido hasta el 4,9%; unos 2 puntos de ese incremento se deben a la energía, según ha sostenido el titular de Economía. Cuerpo ha subrayado la eficacia de las medidas del Ejecutivo para amortiguar el impacto de ese aumento, por ejemplo, en el precio de la gasolina y el gasóleo. «Nuestras medidas están suponiendo un alivio en materia de precios y, además, desde el principio estamos haciendo un seguimiento pormenorizado de la evolución de los precios en gasolinera para que estas medidas fiscales se trasladen de manera efectiva a los ciudadanos», ha afirmado.
Carlos Cuerpo ha remarcado, igualmente, que los datos más recientes muestran que la economía española «está manteniendo el pulso en este tercer trimestre», tanto en términos de crecimiento como de afiliación a la Seguridad Social.
Rebaja fiscal para gasóleo y gasolina y ayudas para agricultores y transportistas
Respecto al contenido del real decreto ley, el titular de Economía ha manifestado que mantiene la filosofía de proteger a hogares y empresas en los momentos de mayor tensión para, conforme se normalicen los mercados, retirar gradualmente las medidas con el fin de minimizar su coste.
En materia de carburantes, la norma mantiene la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos para el gasóleo y la gasolina, con una senda decreciente: 20 céntimos por libro de rebaja en octubre, 13 céntimos en noviembre y 6 céntimos en diciembre, pero con una cláusula automática de reactivación. Esto implica que si los precios vuelven a subir por encima del 15%, se recuperarán los 20 céntimos de rebaja en los meses de noviembre o diciembre.
En el caso de la factura energética, se introduce una novedad para proteger a más de 3 millones de consumidores: se limita la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural a un 35% en la revisión de octubre y a un 15% en las siguientes revisiones. Carlos Cuerpo ha apuntado que si en esta limitación, el aumento habría rondado el 50%. Además, se establece la reducción del IVA de la luz y el Impuesto sobre la Electricidad si el dato del IPC interanual de septiembre supera el 15%.
Respecto a los sectores más afectados, se prorrogan de nuevo las ayudas para agricultores, ganaderos y armadores y para el transporte profesional por carretera. Como novedad, se abre una línea para el ferrocarril de mercancías con 15.000 euros de ayuda por locomotora diésel.
En materia de soberanía energética, se amplían las reservas de gas natural licuado para el invierno y se refuerza el sistema de certificados de ahorro energético. En cuanto a las medidas sociales, las empresas que reciban ayudas no podrán despedir por causas vinculadas a la crisis. Y en el ámbito de la transparencia, se llevarán a cabo dos estudios: uno sobre la formación de precios en el mercado mayorista y minorista de la energía, y otro sobre el funcionamiento de la cadena de valor alimentaria.
Condonación de los anticipos a los afectados por la DANA
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado sobre la aprobación en Consejo de Ministros de un real decreto-ley que permitirá que las personas afectadas por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 que recibieron anticipos económicos para hacer frente a los daños sufridos en viviendas y enseres, no tengan que devolver dichos importes, siempre y cuando cumplan con las condiciones que estipula la norma. En general, los perceptores devolverán el anticipo si han tenido en 2025 una renta inferior a 42.000 euros, o cuentan con un patrimonio inferior a 300.000 euros, sin incluir la vivienda.
El ministro ha recordado que más de 2.700 personas recibieron estos adelantos económicos. Asimismo, ha enfatizado la dimensión de la medida, que implica que el Ejecutivo no recuperará 44,3 millones de euros.
Torres ha avanzado que podrán adoptarse a lo largo del año otras medidas con nuevas medidas «si fueran necesarias».
Nuevas medidas para Ceuta
El titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en su condición de mando único para Ceuta, ha presentado en el Consejo de Ministros el último informe de seguimiento con las iniciativas puestas en marcha en la ciudad autónoma y ha destacado que también se ha aprobado un real decreto que permitirá la incorporación del Fuerte Mendizábal, espacio adscrito al centro penitenciario de Ceuta, como nuevo emplazamiento susceptible de ser utilizado en caso necesario para las ubicación de personas migrantes.
Asimismo, el ministro ha señalado que se han habilitado 63 nuevas plazas para alojar mujeres en las instalaciones de la Hípica y ha anunciado la próxima puesta en funcionamiento de otras 450 plazas, también destinadas a mujeres. Asimismo, ha informado del traslado de las personas que permanecían en la playa de Benítez a las instalaciones de Loma de Colmenar. «La operativa ya ha terminado y ha sido un éxito», ha remarcado Torres.
En relación con la tramitación de los expedientes, el ministro ha actualizado las cifras y ha apuntado que se han realizado 3.220 nuevos triajes de personas adultas, cerca de 700 más que la semana anterior. También ha apuntado que desde el 10 de agosto han regresado 8.243 personas, que se suman al grupo de entre 60.000 y 70.000 que retornaron los primeros días.
Respecto a los menores, el ministro ha cifrado en 2.493 los que permanecen en el sistema de protección autonómico. Además, ha explicado que 213 menores han sido reubicados en la península desde comienzos de agosto.
Torres también ha destacado que la asistencia a las clases se sitúa en el 89% y que no existe saturación del sistema hospitalario, donde actualmente permanecen ingresadas 14 personas migrantes. Por último, el ministro ha informado del nombramiento de David de la Encina como nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, en sustitución de Miguel Ángel Pérez Triano.
Apoyo a la capitalidad cultural de Barcelona
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha informado de la aprobación en Consejo de Ministros de un real decreto para apoyar la capitalidad cultural de Barcelona a través de 49 líneas de ayudas dotadas con 20 millones de euros. Las subvenciones se destinarán a instituciones y equipamientos, proyectos de creación y exhibición, festivales, patrimonio, libro y lectura, ciencia y programas culturales de proximidad, con el objetivo de reforzar el ecosistema cultural de la ciudad y extender sus redes de colaboración al conjunto del país.
Asuntos de actualidad
La portavoz del Ejecutivo ha condenado los asesinatos de dos mujeres en Sevilla y Benidorm y ha trasladado el apoyo del Gobierno a las víctimas de violencia de género. Elma Saiz ha recordado que 40 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año y ha asegurado que ante esta realidad «no cabe ni la tibieza ni la indiferencia».