El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, ha reclamado este martes en el Parlamento de Canarias una solución urgente para las familias residentes en zonas turísticas afectadas por expedientes sancionadores, una problemática que, según recordó, afecta a más de 16.000 familias en el Archipiélago.
Durante la comparecencia de la consejera de Turismo y Empleo, Ramos fue claro al fijar la posición de ASG: “Esas sanciones no son justas y no deberían simplemente ni existir”. El diputado gomero subrayó que muchas de estas personas residen en viviendas que son de su propiedad y que, por tanto, deben contar con seguridad jurídica suficiente para no vivir bajo la amenaza de una sanción administrativa.
Ramos recordó que el origen del problema se remonta a la normativa turística de 1995, hace ya 31 años, y señaló también la Ley de Renovación y Modernización Turística de 2013 como parte de un marco legal “demasiado rígido” que no ha sabido adaptarse a la realidad social actual de Canarias.
“El problema no puede analizarse solo desde el punto de vista turístico o económico. Estamos hablando de familias, de hogares y de personas que viven en sus propiedades”, afirmó el portavoz adjunto de ASG.
En este sentido, defendió la necesidad de repensar el modelo turístico de Canarias desde una perspectiva más equilibrada, que combine sostenibilidad económica, ambiental y social. “Tenemos que buscar una solución y esa solución pasa por repensar cuál es el modelo turístico que queremos para Canarias”, sostuvo.
Ramos insistió en que la calidad turística no debe medirse únicamente por estrellas o categorías alojativas, sino también por la capacidad del destino para integrar a quienes viven en él. “¿Qué mejor calidad para quienes nos visitan que ser capaces de interactuar con quienes residimos aquí?”, planteó.
Asimismo, advirtió de que el encarecimiento de la vivienda, la presión del mercado inmobiliario y el crecimiento de la vivienda vacacional han agravado una situación que exige respuestas coordinadas entre el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos.
Valoró el papel municipal previsto en el decreto aprobado en 2025 para facilitar cambios de uso del suelo, aunque alertó de que muchos ayuntamientos cuentan aún con normas subsidiarias y pueden carecer de capacidad suficiente para dar una respuesta ágil y eficaz.
Por ello, Ramos trasladó la disposición de ASG a colaborar con el Ejecutivo canario para impulsar una solución estable, justa y socialmente responsable. “Puede contar con la Agrupación Socialista Gomera para repensar y cambiar el modelo turístico que queremos para Canarias: un modelo sostenible en el tiempo, pero también social”, resaltó.
