La democracia y el autogobierno han sido determinantes en la profunda transformación experimentada por Canarias en los últimos cincuenta años. Posibilitando superar una realidad de subdesarrollo, de profundo atraso económico y social. Con débiles servicios públicos, infraestructuras insuficientes y elevados niveles de analfabetismo y de pobreza. Y se fue haciendo con decisiones tomadas en Canarias por sus distintos gobiernos y parlamentos. Rompiendo con una larga historia de centralismo, los canarios y canarias comenzamos a ser dueños en gran medida de nuestro destino y responsables de los aciertos y errores. Un centralismo, fuera con gobiernos de derechas o de izquierdas, que no entiende ni atiende nuestras singularidades. Solo cuando hemos asumido responsabilidades a través de nuestro estatuto político de autogobierno hemos podido abordar las grandes tareas de la sociedad canaria.
Un proceso de transformación que estuvo arropado por una sociedad civil activa y reivindicativa. Desde movimientos ecologistas como los dirigidos a Salvar Veneguera y El Rincón, con gran impacto en los años ochenta y noventa del pasado siglo, hasta las masivas manifestaciones contra las prospecciones petrolíferas ya en la segunda década de este siglo XXI; o, más recientemente, las movilizaciones que buscan un modelo turístico que tope el crecimiento desmesurado y reparta beneficios -y no solo problemas: ambientales, habitacionales, de colapso viario…- al conjunto de la población.
También con la activa presencia de colectivos volcados en la defensa de la sanidad o de la educación públicas, así como otros centrados en el conocimiento y reconocimiento de distintos aspectos de la canariedad. Y, asimismo, en el ámbito laboral, los sindicatos centrados en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Educación y sanidad
Los cambios se produjeron de forma nítida en el sistema educativo. A partir de las transferencias realizadas a comienzos de los años ochenta del pasado siglo por el Gobierno del socialista Jerónimo Saavedra, con Luis Balbuena al frente del departamento. Llevando a cabo un enorme esfuerzo inversor que permitió acabar con los colegios desdoblados y las insuficientes plantillas docentes. Construyendo centros de primaria e institutos en todos los rincones del Archipiélago. Con hitos posteriores, como la aprobación por el Parlamento de la Ley Canaria de Educación no universitaria (2014), la que obliga al 5% del PIB en inversión en materia educativa, sistemáticamente incumplida por los gobiernos presididos por Fernando Clavijo.
Por otra parte, también el sistema universitario canario recibió un enorme impulso en el periodo reciente y dispone de hoy de dos universidades públicas, La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria.
Otro tanto sucedió en la sanidad. Tuve la responsabilidad de negociar con el Estado y llevar a cabo las transferencias sanitarias a Canarias en la mitad de los noventa. Propusimos la ley de Ordenación Sanitaria de Canarias aún vigente. Pusimos en marcha un plan de obras que en solo seis años construyó los hospitales de El Hierro, La Palma, La Gomera y el Doctor Negrín en Gran Canaria, además de los planes directores del Materno/Insular, La Candelaria y el HUC. Construyendo, asimismo, numerosos centros de salud. Acercando la atención sanitaria a la ciudadanía de todas las Islas y municipios, y dando un salto cualitativo en este ámbito. Generando un pionero sistema de emergencias y aprobando el primer Plan de Salud de Canarias.
Las infraestructuras también han vivido una positiva transformación, especialmente en carreteras (donde costó arrancar al Estado su participación en la financiación) como en obras hidráulicas, puertos y aeropuertos.
Territorio y medio ambiente
Asimismo, el Parlamento de Canarias aprobó distintas leyes para proteger nuestro privilegiado territorio y medio ambiente. Entre otras, la Ley de declaración de espacios naturales de Canarias de 1987, presidiendo Saavedra el Gobierno del pacto de progreso; o la Ley de Espacios Naturales aprobada por unanimidad de la Cámara canaria en 1994, siendo Manuel Hermoso presidente del Ejecutivo.
Y, en la legislatura 1999/2003, desde la Presidencia del Gobierno de Canarias impulsé la aprobación de la conocida como moratoria (ley 6/2001 de medidas urgentes), que desclasificó más de 300.000 camas turísticas y que posibilitó parar el crecimiento para reflexionar y tomar decisiones de futuro. Una ley de medidas urgentes que resultó determinante para desclasificar el suelo turístico de Veneguera, evitando los planes de masiva construcción que impulsaban empresarios con el apoyo explícito de algunos dirigentes de Coalición Canaria; luego, en la primavera de 2003 se aprobó la ley que declaraba el barranco de Veneguera como espacio natural protegido, impidiendo su desarrollo urbanístico y preservando definitivamente Veneguera.
Posteriormente, después de un gran debate social y político, se elaboró la ley 19/2003 de Directrices de Ordenación general y turística de Canarias. Aprobada por unanimidad de la Cámara canaria. Su orientación apuntaba hacia un crecimiento modulado, la no ocupación de más territorio, favoreciendo la reforma de la planta obsoleta, y la renovación de las ciudades turísticas, así como la diversificación y la cualificación de la oferta y una mayor formación del personal del sector. En los tres años siguientes solo se podía aumentar el 1% la oferta hotelera en las islas turísticas, siempre basada en parámetros de calidad; para las islas verdes se estableció una legislación específica (Ley 6/2002).
Lamentablemente, gobiernos posteriores fueron descafeinando esta ley y volviendo a la senda del desarrollismo. Pero, en todo caso, la aprobación de la moratoria y de las directrices confirma que desde Canarias se puede, si se quiere, limitar el crecimiento turístico, orientar el modelo económico y apostar por un turismo más sostenible.
Igual que es denunciable la falta de atención o incomprensión de Madrid, debemos ser conscientes de que muchos gobiernos canarios, claramente conservadores, hacen bien poco por la sostenibilidad y la contención del crecimiento, por la mejora de los servicios públicos, por la disminución de la pobreza y de la enorme desigualdad social.
Vivienda y REF
Como sucede en las políticas de vivienda, en las que tenemos plenas competencias para modificar una realidad en la que decenas de miles de hombres y mujeres de esta tierra tienen enormes dificultades para alquilar o comprar una casa; en la que el elevado coste de los alquileres se convierte en un factor de empobrecimiento de muchas familias.
Además, con distintas reformas disponemos de un Régimen Económico y Fiscal (REF) que beneficia al conjunto de la sociedad canaria. Con una parte económica, dirigida a afrontar la compensación de nuestra situación de lejanía e insularidad (como la bonificación del 75% al transporte marítimo y aéreo de pasajeros), con medidas destinadas a compensarla en ámbitos como el transporte de mercancías, la producción de energía y de agua, la creación de empleo, la promoción y rehabilitación turística. Y otra fiscal, con un tipo general del IGIC del 7% frente al 21% del IVA, y una serie de incentivos y bonificaciones en el impuesto de sociedades que nos diferencian de forma sustancial del resto del Estado. Ambas conjuntamente suponen doce puntos de diferencial fiscal, varios miles de millones de euros anuales que benefician a la ciudadanía y a las empresas canarias.
Importante ha sido, asimismo, el reconocimiento de nuestras especificidades por parte de la Unión Europea como región ultraperiférica, lo que permite la implementación de políticas diferenciadas en una UE muy homogeneizadora y poco propensa a excepcionalidades.
En definitiva, desde el autogobierno es posible construir una Canarias más sostenible, justa y solidaria. En estos momentos, disponemos de suficientes recursos y competencias para abordar adecuadamente los principales problemas ambientales, demográficos, habitacionales o de movilidad, así como para mejorar de forma significativa la sanidad, la educación o las políticas de cuidados a las personas. Sin recurrir permanentemente, como hace el actual gobierno CC-PP, al victimismo, a la inacción y a la total dejación en el cumplimiento de sus deberes. Vamos a seguir reclamando más competencias y más recursos para desarrollarlas; lo que exige, también, gobiernos que las asuman y ejerzan consecuentemente para transformar Canarias y mejorar la vida de su gente.
Román Rodríguez es secretario nacional de Estrategia, Programas y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc).
