El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy una modificación presupuestaria que permitirá destinar 299.518,82 euros a la ejecución de dos actuaciones hidráulicas en los municipios de El Rosario (Tenerife) y Valle Gran Rey (La Gomera).
La medida, promovida por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, se traduce en la concesión de dos subvenciones: una para mejorar la red de abastecimiento en el municipio tinerfeño y otra para construir una nueva estación de bombeo y ampliar la red de recogida de aguas residuales en Arure, en la isla de La Gomera.
El consejero del área, Manuel Miranda, destacó que estas iniciativas son un ejemplo de la relevancia que tiene “la colaboración entre administraciones insulares y municipales con el Gobierno de Canarias para poder seguir impulsando el ciclo del agua en el Archipiélago”.
El primero de los proyectos tiene como objetivo mejorar la red de abastecimiento en la calle Pedro Juan García Hernández y su conexión con el Depósito La Plaza, en El Rosario. La obra contará con una subvención de 168.859,53 euros por parte de la administración autonómica, a la que se sumará una aportación municipal de 27.811 euros, de forma que se cubra así el presupuesto total, que asciende a 196.671 euros. El objetivo es reducir pérdidas en la red y garantizar un mejor servicio a los vecinos de la zona.
El segundo proyecto beneficiado será la instalación de una estación de bombeo y la ampliación de la red de recogida de aguas residuales en Arure (Valle Gran Rey, La Gomera). Con una subvención de 130.659,29 euros, la actuación busca paliar las carencias existentes en depuración y tratamiento de aguas residuales en los núcleos dispersos del municipio, especialmente en Arure.
Planificación hidrológica hasta 2027
Miranda reiteró el compromiso del Ejecutivo regional con el impulso de “proyectos estratégicos que reduzcan pérdidas o mejoren la gestión de las aguas residuales, dos de los principales retos que afronta Canarias en materia de aguas”.
En ese contexto, la Consejería se puso como objetivo prioritario colaborar con los consejos insulares y cabildos para llevar a cabo la actualización de la planificación hidráulica de las siete demarcaciones insulares, que llevaba un retraso de tres años cuando se inició la legislatura y que hoy es ya una realidad gracias a la cual se ha evitado una sanción por parte de la Comisión Europea.