El senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea, ha defendido hoy en el pleno del Senado una financiación equitativa para todas las comunidades autónomas y ha subrayado que la propuesta del Gobierno central en materia de condonación de deuda “se queda corta” en el caso de Canarias. “El criterio más justo es aplicar la condonación en función de la población y de las necesidades reales de prestación de servicios públicos, no de la deuda acumulada por cada territorio. Y si atendemos a ese parámetro, a Canarias le faltan aún 2.550 millones de euros para situarse en la posición que merece”, afirmó el senador gomero.
Chinea recordó que el Gobierno de Canarias ha planteado esta misma exigencia y defendió que la condonación debe ser “equivalente para todos los territorios y acordada en el marco multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y no como derivada de pactos bilaterales previos con un Gobierno autonómico concreto”. Señorías, esta Cámara tiene la responsabilidad de evitar que se repitan errores del pasado. No podemos hablar de federalismo real y al mismo tiempo abrir la puerta a modelos singulares que fragmenten el sistema común de financiación ni a condonaciones selectivas que alimenten la desconfianza entre territorios. La financiación autonómica es el corazón del Estado de las Autonomías y debe ser reformada, que por cierto ya le toca, con luz, taquígrafos y consenso multilateral. Es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde deben debatirse y acordarse estas medidas, y no en mesas bilaterales previas que condicionan el debate para el resto.
“Lo que pedimos es muy sencillo: que la condonación sea proporcional a la población, transparente en su aplicación y consensuada en el marco multilateral del Estado. Ese es el único camino para que la financiación autonómica se convierta en una herramienta de cohesión y no en un nuevo motivo de agravio entre comunidades”, señaló el senador gomero, quien recordó, además, que el Gobierno de Canarias ha exigido al Ejecutivo central garantías de que un eventual modelo singular para Cataluña no perjudicará la financiación por habitante en el resto de las comunidades autónomas, ni desmantelará los principios redistributivos que sustentan nuestro sistema. “Respaldamos la ofensiva política y jurídica anunciada por el Gobierno autonómico para asegurar una financiación justa para las Islas, porque lo que está en juego es la equidad territorial y la igualdad de oportunidades”, concluyó.
