El senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea Correa, ha advertido sobre los riesgos que para la conectividad de Canarias conlleva la ya cercana entrada en vigor del pago de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) en el transporte aéreo y marítimo que conectará las Islas con el exterior. Esta medida, de aplicación desde el 1 de enero de 2024, “puede suponer un daño notorio y específico para el Archipiélago, en particular por su incidencia en el coste de los vuelos directos entre los destinos emisores de turistas y los aeropuertos de las Islas, para los cuales no será de aplicación la excepción ya vigente hasta el año 2030 para los traslados interinsulares y entre Canarias y la Península”, señaló.
Según Chinea, por su importancia para la competitividad del turismo, “estaba más que justificada la aplicación de dicha excepción también a los vuelos internacionales con destino a las Islas”, tal y como planteaba el senador gomero en una pregunta por escrito dirigida a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Sin embargo, la respuesta de dicho departamento del Gobierno central dista mucho de ser satisfactoria, en la medida que da por hecha la entrada en vigor de la nueva normativa el próximo 1 de enero y plantea que “uno de los principales objetivos del Gobierno durante el proceso de negociación ha sido siempre exponer la necesidad de establecer mecanismos que permitan alcanzar los ambiciosos objetivos ambientales acordados a nivel europeo, sin perjudicar ni la conectividad de nuestros territorios (especialmente los ultraperiféricos) ni tampoco la competitividad de unos sectores como el aéreo y marítimo”.
Esta posición, según Fabián Chinea, “es insuficiente desde el punto de vista del interés general de Canarias, porque renuncia a obtener la excepción completa para Canarias aun en la certeza de que dicha medida supondrá un encarecimiento en el precio de los vuelos, lo que dañará de un modo más severo a un territorio como Canarias, que tiene un vínculo especialmente intenso entre su competitividad turística y la conectividad directa con los destinos emisores, que son precisamente Estados de la Unión Europea”. Por el contrario, destinos de terceros países que compiten con Canarias en la temporada de invierno, caso de Egipto, Turquía y Marruecos, no se verán afectados por dicha medida.
Para el senador de ASG, “habrá que estar atentos a la aplicación de dicho periodo transitorio de dos años y su impacto en la competitividad turística de Canarias, una cuestión que podía haberse evitado con la excepción completa, solicitada tanto por las instituciones de las Islas como por sus agentes económicos y líneas aéreas afectadas por la medida para controlar las emisiones de CO2”. Al Gobierno central le ha faltado, señaló, “energía y convicción para pelear por este objetivo”.
El representante de ASG señaló además que dicha medida excepcional y transitoria en las Islas “en modo alguno comprometía el planteamiento global de Canarias en favor de la descarbonización de la economía, que se traduce en medidas concretas adoptadas tanto desde el sector público como por los agentes privados”, y recordó que el despliegue de la política por la transición ecológica debe contemplar también la sostenibilidad económica y social al plantear sus objetivos, cuestión que ha sido atendida “de modo insuficiente” por la nueva normativa europea.
