El presidente de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Román Rodríguez, considera muy graves las primeras decisiones adoptadas por el nuevo Gobierno de Canarias. Por un lado, por llevar a cabo un exponencial incremento de consejerías y de altos cargos. Por otro, por la adopción de modificaciones fiscales que benefician a una minoría, las personas que tienen grandes patrimonios, rompiendo con el carácter progresivo que debe tener la fiscalidad y reduciendo los ingresos de las administraciones que prestan los servicios públicos esenciales. Además de entrar en contradicciones e incumplimientos con lo que dijeron en campaña, así como mostrando un profundo y preocupante desconocimiento sobre las reglas fiscales.

Respecto al nuevo organigrama gubernamental, supone un importante aumento de cargos directivos, tanto consejeros como viceconsejeros, directores generales o comisionados, como si los problemas se resolvieran multiplicando los departamentos y cargos directivos. Más paradójico aún resulta que lo hagan quienes criticaban duramente lo que entendían como un “exceso de cargos” y “despilfarro” del Gobierno anterior.

En otro ámbito, el de la fiscalidad, los primeros pasos mezclan conservadurismo puro y duro, es decir, adopción de medidas para favorecer a los más ricos, con olvidos de lo que dijeron en la campaña electoral del pasado 28M e, incluso, graves desconocimientos sobre la situación de las reglas fiscales en 2024. Lo que no resulta muy alentador.

Sucesiones y donaciones

Reducen el impuesto de Sucesiones y Donaciones, sí. Pero se trata de un impuesto que estaba bonificado en un 99% a las herencias inferiores a 300.000 euros; luego esta bonificación se va reduciendo a medida que crece el importe de la herencia recibida. Igual hay que recordarles que la Constitución es bien clara en este aspecto en su artículo 31: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”.

Además, anuncian que eliminarán el impuesto de combustibles en las islas verdes, una medida que distintos expertos consideran absolutamente ineficiente, al considerar que el principal problema es el de falta de competencia entre empresas en el sector de la distribución en estas islas, de concentración casi monopolística y que la bajada será absorbida en beneficio de las empresas existentes, no de los consumidores.

Reglas fiscales

Si grave resultan esas decisiones, no lo es menos el desconocimiento de Manuel Domínguez, vicepresidente y responsable del área económica del Gobierno, sobre la activación de las reglas fiscales en la Unión Europea en 2024, de la que dice haberse enterado ayer. Es un tema que se ha abordado reiteradamente en el Parlamento de Canarias en la segunda mitad de la pasada legislatura y al que también hice referencia en los debates electorales, está en el debate político y en la preocupación de los responsables públicos en todo el Estado. Ya en 2022, en la sesión parlamentaria celebrada el día 20 de diciembre, señalé que en el año 2024 volverían a activarse las reglas fiscales y, con ellas, los exhaustivos controles a las cuentas de las administraciones públicas.

Un presunto desconocimiento que usan ahora para intentar matizar la gran promesa electoral de CC y PP: la bajada del IGIC del 7% al 5%; una medida que supondría un agujero de 536 millones de euros (que afectaría al Gobierno y a las corporaciones locales) y que ahora “retrasan” hasta 2024 y años posteriores. Si cumplen, estarán obligados a hacer importantes recortes en los servicios públicos y en la financiación de ayuntamientos y cabildos. Si no lo hacen, habrán engañado a los ciudadanos y ciudadanas en los recientes comicios autonómicos.