El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el gasto correspondiente a la prima de la póliza del seguro colectivo de vida en favor del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, por importe de 3.749.950 euros.
La contratación de este seguro colectivo de vida fue autorizada por el Consejo de Gobierno de Canarias, en la sesión celebrada el 8 de julio de 2021, y se adjudicó a la compañía Surne Mutua de Seguros y Reaseguros, mediante la Orden número 201/2021, de 29 de diciembre de 2021, del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. El contrato se formalizó el 2 de febrero de 2022, siendo su duración de tres años, desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024, y la forma de pago de la prima es a través de un abono único anual.
La póliza de seguro actual cubre el fallecimiento por cualquier causa (12.020,24 euros) y la invalidez permanente total, absoluta y gran invalidez (6.010,12 euros) del personal público (funcionarios, laborales y estatutarios del Servicio Canario de Salud). A 1 de enero de 2023, el colectivo de asegurados asciende a 84.205 empleados públicos (12.003 en Administración General, 28.497 en Educación, 2.750 en Justicia y 40.955 en Sanidad).
La inclusión en la póliza, para todo el colectivo a asegurar, es automática, no existiendo condiciones de adhesión de ninguna clase ni siendo necesario la cumplimentación de boletín de adhesión, la declaración de estado de salud o requisito médico.
Están excluidos de la cobertura de este seguro los riesgos calificados como extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros, según legislación vigente en cada momento, cubiertos por dicha entidad, los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra, y los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.
La siniestralidad comunicada en 2022 e imputada a la compañía de seguros en 2022 ha sido 30 personas fallecidas (360.607,20 euros) y 317 personas con incapacidad (1.905.208,04 euros). No obstante, para ver la siniestralidad completa de ese año hay que reflejar también aquellos comunicados ese año, pero que han de ser imputados a años anteriores.
Siendo así, tanto en el año 2021 como en el 2022 la siniestralidad total comunicada asciende a importes cercanos a 3,7 millones de euros. Por ejemplo, del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2022, se comunicaron 59 fallecimientos (709.194,16 euros) y 498 personas con incapacidad (2.993.039,76 euros), lo que supone un total de 3.702.233,92 euros.
