Nira Fierro

Esta primera semana de noviembre se cumplen siete meses desde que Alberto Núñez Feijóo se puso al frente del Partido Popular. Un hombre con sentido de Estado, cabal, moderado y constitucionalista, decían. Pues bien, la realidad es que desde entonces ha sido imposible cualquier tipo de pacto entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Cero.

En la semana de los terceros presupuestos del Gobierno de España y del 40 aniversario de la mayoría absoluta de Felipe González, hemos asistido a la penúltima decepción de quien se presentaba como alternativa al obstruccionismo y la negación que caracterizó la etapa de Pablo Casado. Porque no facilitar una solución a la crisis del poder judicial, después de cuatro años de interinidad y con un compromiso prácticamente cerrado, no admite otro calificativo que el de absoluta irresponsabilidad.

Señor Feijóo, hagan el favor de dejar de repartir carnés de españolidad y cumplan con las reglas básicas.

La situación provocada por el PP no es cualquier cosa: mantiene más de medio centenar de nombramientos de la cúpula judicial bloqueados y afecta, además, a los más altos puestos de los tribunales superiores de justicia de las comunidades y a las audiencias provinciales. «El estropicio más grande en toda la historia de nuestra democracia», en palabras de Carlos Lesmes.

Parece que no están dispuestos a reconocer la legitimidad de las urnas más que cuando ellos ganan. Asistimos a una crisis de liderazgo y solvencia por parte de Núñez Feijóo que trasciende a las siglas del Partido Popular y pone en aprietos a la misma democracia.

El proyecto de reforma del Código Penal no es ninguna novedad. Está entre los compromisos del PSOE desde el inicio de la legislatura. Y quien reforma el Código Penal es la mayoría parlamentaria, no la minoría en la oposición. Ya lo dijo el pasado fin de semana Felipe González: «Si a alguien no le gusta una ley, tiene derecho a cambiarla. Lo que no tiene derecho es a incumplirla».

¿Qué es lo que le parece mal al PP?

Está claro que lo suyo son solo excusas para no cumplir con el mandato constitucional, causando con ello un serio daño a la Justicia, y un ejemplo más de su alarde antisistema. Se dicen patriotas pero es que son capaces incluso de votar en contra de todas las medidas que benefician a la mayoría de los ciudadanos. Se lo decimos una vez más: la Constitución se cumple todos los días, desde el primero al último de sus artículos, estés en el Gobierno o en la oposición.

En Canarias, lamentablemente, no es muy distinta la realidad confusa de los populares con un presidente regional, Manuel Domínguez, cuya única aportación hasta el momento al libro de sesiones del Parlamentario ha sido la demagogia y las faltas de respeto, como cuando acusa una y otra vez al presidente Ángel Víctor Torres de “aprovecharse” y “publicitarse” con las catástrofes vividas en el Archipiélago durante los últimos tiempos. Resulta realmente decepcionante este nivel de oposición y alternativa.

El señor Domínguez, como su jefe en Génova, deberían empezar por tomarse un poco más en serio a sí mismos, siendo conscientes de lo que representan. De lo contrario, hay razones para dudar de sus capacidades. Es el momento de un Gobierno a la altura, de acuerdo, pero también de una oposición fiable y responsable.