Caracas

Coalición Canaria-PNC exige al Gobierno de Canarias que se responsabilice y tenga en cuenta la situación social, económica y sanitaria de los cientos de canarios y canarias que viven en Venezuela y que dependen de los programas sociales para mantenerse, concretamente de la convocatoria presentada por el centro directivo correspondiente entre el Gobierno de Canarias y la Fundación España Salud (FES), quien se encarga de dar cobertura sanitaria a los canarios y canarias residentes en Venezuela mayores de 65 años.

El secretario ejecutivo de Relaciones Exteriores de CC-PNC, José Téllez, aseguró que, desde el pasado mes de febrero de 2021, los canarios y canarias que viven en Venezuela “están sometidos a una convocatoria para los programas sociales caótica” y “es inaceptable que el Gobierno de Canarias siga ignorando esta realidad” teniendo en cuenta que de las 1.570 plazas que pueden cubrir para dicha prestación sanitaria de un total de beneficiarios de más de 10.000 que cumplen los requisitos para ello, y pese a todas las herramientas con las que dispone para desarrollar este proceso, “nos encontremos con la triste noticia de que solo han cubierto 1.311 plazas”.

Muchas de estas personas mayores de 65 años tienen recursos económicos reducidos, dificultad de acceso a internet para rellenar los formularios impresos, así como problemas de movilidad. Por ello, desde CC se solicita que las 259 plazas de las 1.570 que han quedado sin cubrir se habiliten cuanto antes “porque hay canarios y canarias mayores de 65 años que cumplen con los requisitos pertinentes y sin esta ayuda quedan desprotegidos en el ámbito de la salud”, dijo Téllez, que añadió que “es inadmisible que a muchas personas que anteriormente estaban recibiendo esta cobertura sanitaria, se les haya denegado su plaza, interrumpiendo tratamientos médicos de enfermedades graves”.

A este hecho, hay que añadir que ya en 2018, Coalición Canaria, ante la grave situación que estaba atravesando la diáspora canaria en Venezuela, implantó el programa de tarjetas de alimentación y medicamentos creando un protocolo conjunto para que, las entidades canarias establecidas en el país, que son las grandes conocedoras de las realidades de los canarios pudieran beneficiarse de estas ayudas, cumpliendo con los requisitos pertinentes, otorgando 3.000 tarjetas de alimentos y 1.800 tarjetas de medicamentos a personas que tenían una necesidad extrema en el país y cuyos recursos eran insuficientes para solventar su día a día.

Desde CC sorprende que “el Gobierno de Canarias ignore esta realidad”. Tanto las tarjetas de alimentación como las tarjetas de medicamentos, tienen como objetivo “ayudar a los canarios migrantes en Venezuela”, para que, en la medida de lo posible, tengan una vida digna con acceso a alimentos básicos y medicamentos para su subsistencia.

Por ello, “desde Coalición Canaria denunciamos la falta de compromiso de este Gobierno de Canarias y exigimos que todos aquellos usuarios que ya tenían la tarjeta de alimentos y medicamentos concedidas y cumplan con los requisitos, la sigan manteniendo y no sea retirada”, ya que cuando el Gobierno sacó la convocatoria, no tuvo en cuenta que el país se encontraba bajo las medidas restrictivas de movilidad por la Covid-19, acortando los plazos de solicitud y presentación real a la mitad de tiempo, así como otros factores.

Además, CC denuncia también que en las unidades familiares “no se contemplara el número de miembros por familia” y que se otorgue una sola tarjeta alimentaria y de medicamentos por familia, ya que, una vez resuelta dicha convocatoria para estas tarjetas alimentarias y de medicamentos, “el Gobierno haya dejado a 400 familias sin recursos, sin dicha cobertura y en una situación de extrema vulnerabilidad, cuando ya contaban con dichos beneficios”.

Por este motivo, “exigimos que el Gobierno nos dé una respuesta inmediata haciendo frente al problema que ellos mismos han creado con esta convocatoria”, dado que las tarjetas de alimentación y medicamentos, son básicas para el desarrollo vital de estos canarios y canarias en Venezuela, concluyó Téllez.