El Sindicato de Trabajadores Canarios y de sus Administraciones Públicas (STAP) a través de la Ejecutiva Territorial y Sección Sindical en el Ayuntamiento de Valle Gran Rey denuncia “que el Consistorio en la Gomera es gobernado por el actual Alcalde, Ángel Piñero como si fuera su empresa particular, tomando decisiones totalitarias como el no dejando o negando participar a la delegada de éste sindicato o a cualquier otra persona que le afrente sus errores o sus vergüenzas a participar en los foros o reuniones allá donde quieran o les corresponda estar, por lo que su visión de la transparencia y la democracia municipal es bastante cuestionable”.

El STAP señala en un comunicado de prensa que “entre otros muchos casos, citamos el reciente ocurrido por la visita de una inspectora de trabajo que acude al Ayuntamiento a comprobar una denuncia de trabajadores por condiciones laborales inadecuadas y por material y vehículos defectuosos lo que pondría en riesgo la seguridad laboral”, en este sentido se informa que “la respuesta inmediata del Alcalde al requerimiento de la inspección es negar la participación de los denunciantes y de delegados sindicales como el de este sindicato y acudir él y un ex representante sindical pero de su confianza para abordar el encuentro y la inspección, la cual se realizó a la espera de los resultados y posible expediente al Ayuntamiento”.

El sindicato considera que “este peculiar alcalde que se cree dueño de las casas consistoriales, gobierna y maneja la gestión y la economía o el superávit del que tanto presume sin resolver las demandas laborales para una mejora económica que nunca llega, solo promesas, por el contrario solo exige más trabajo, tareas y responsabilidades para los empleados municipales. Su habitual excusa a los impedimentos es un enfrentamiento constante con el secretario municipal de años, y ello le sirve de lanzadera para negar constantemente cualquier mejora o negociación en las condiciones laborales del ayuntamiento durante tantos años olvidadas”.

«Y así con todo, con no resolver las demandas de los sindicatos, las peticiones de mejorar el material o recursos municipales, los instrumentos de trabajo, de las oficinas o material EPI por la pandemia y la seguridad sanitaria y laboral de los empleados o incluso algo tan sencillo y básico como unos uniformes, pues no se sabe supuestamente dónde está yendo a parar el dinero municipal para éste tipo de inversiones, porque para mejorar dichos asuntos ni está ni se le espera desde hace bastantes años» concretan en el comunicado de prensa remitido a esta redacción..

Por último el STAP Canarias apunta que “entre sus últimas proezas en la lista de avergonzantes logros también se encuentra empezar a dar cumplimiento (con más de 2 años de retraso y seguramente bajo exigencia de la Inspección de Trabajo) al Decreto-Ley 8/2019 de 8 de Marzo para las medidas contra la precariedad laboral. Esperamos y nos ponemos a disposición para que siga poniéndose al día con por ejemplo el Convenio Colectivo de Diciembre de 2013 o con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995″.