El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, compareció, este jueves, en la Ponencia de Estudio sobre la insularidad que celebra el Senado para estudiar las consecuencias que la lejanía y la condición de islas tienen en el desarrollo económico y social de Canarias. En este contexto, demandó nuevas inversiones ante la crisis social y económica que atraviesa el Archipiélago, y pidió articular políticas de financiación capaces de atender sus singularidades para cumplir con lo dispuesto en el Régimen Económico y Fiscal, además de en el Estatuto de Autonomía.
“Existe un centralismo de Madrid respecto a Canarias, pero también hay otro de las islas capitalinas respecto a las no capitalinas. Situaciones que no se han corregido, demostrando que las medidas tomadas han sido insuficientes”, manifestó al inicio de su intervención.
“Las condiciones de lejanía, insularidad y dependencia económica perjudican gravemente el desarrollo de Canarias. No estamos hablando de privilegios, sino de disponer de los mismos derechos que el resto de ciudadanos del país. Ya lo recogía en 1852 el Decreto de Puertos Francos y más tarde la primera Ley REF de 1972. Ahora también lo establece nuestra norma básica de convivencia, la Constitución”, argumentó.
El dirigente gomero afirmó que los servicios públicos de calidad deben ir ligados con una carga fiscal razonable sobre las actividades económicas y sus ciudadanos, “para lo que es necesario que se contemple un modelo de financiación para Canarias que cumpla con los criterios de solidaridad y que modifique el coste de la vida en este territorio”.
En este sentido, argumentó que la elevada tasa de desempleo, que dobla la media nacional, así como los indicadores de pobreza y exclusión social, cuyo porcentaje supera el 35% de la población canaria, precisan un atendimiento específico que aborde estos problemas estructurales que se han agravado con la crisis sanitaria. “La vida en esta comunidad es mucho más cara y difícil que en el continente, por lo que los condicionantes estructurales no son coyunturales, sino permanentes”, matizó.
“España, primero, y Europa, después, han sido conscientes de los problemas que padecen los ciudadanos europeos que vivimos alejados del continente, y así lo recoge el trato singular que se establece para las Regiones Ultraperiféricas. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer”, sostuvo.
La doble insularidad: el sobrecoste de la vida en La Gomera, La Palma y El Hierro
Curbelo alertó que a los déficits estructurales de la condición de islas, se suman los que se crean a partir de la composición de la propia comunidad autónoma. “Por una parte están las dos grandes islas capitalinas, densamente pobladas, que concentran la mayor parte de las actividades económicas y actúan como interlands de mercancías y viajeros. Y, por otra, las islas no capitalinas, menos pobladas y con mercados subsidiarios y una alta dependencia del exterior”, explicó.
“Dicho de otra manera, sabiendo que toda Canarias es pobre, hay canarios que son incluso más pobres que los pobres de las islas capitalinas”, manifestó el presidente gomero, que ejemplificó esta situación apuntando a la concentración de grandes infraestructuras, sedes del Gobierno regional y actividades productivas de éxito en estas dos islas. “Es un hecho palpable, en las islas no capitalinas tan sólo residen 125.000 personas, el 5,6% de la población canaria”, apuntó.
Las consecuencias de la doble insularidad se manifiestan en el coste de la vida. “Si ya Canarias tiene una de las cestas de la compra más caras de España, en La Gomera los productos de primera necesidad son más caros, las limitaciones al transporte son palpables y el acceso a servicios sanitarios y educativos son muy distintos y peores que en las capitalinas”, argumentó Curbelo.
En este sentido, urgió a legislar teniendo en consideración el hecho diferencial canario que, en ocasiones, no ha sido un factor tenido en cuenta. “El ejemplo más reciente lo encontramos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que incrementó la tasas portuarias en las islas, suponiendo un freno al desarrollo incipiente de La Gomera, pero lo más llamativo es el debate que cada año se suscita sobre la bonificación al transporte que es un derecho y no un privilegio”, reafirmó.
Unidad ante la crisis migratoria
Al finalizar su intervención, Curbelo aprovechó para reiterar la necesidad de apoyo a Canarias con respecto a la crisis migratoria, que sólo el pasado año recibió más de 22.000 inmigrantes para continuar su camino a Europa, por lo que pidió el respaldo de la Cámara Alta para atender a esta realidad que afronta Canarias. “Ya lo he dicho antes, nuestras islas no pueden ser cárceles y, por ello, insisto en que la Unión Europea y el Estado deben abordar, de forma conjunta, esta dramática situación que ha desbordado todas nuestras previsiones y capacidad de gestión, por lo que viendo el trabajo que desempeña esta Comisión del Senado, nos consuela pensar que no estamos solos”, destacó.
