El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley orientado a reforzar y consolidar las medidas sociales en defensa del empleo y el tejido productivo, que incluye el acuerdo social alcanzado con los agentes sociales para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES) desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha incidido en que esta norma se caracteriza por la anticipación, dado que el pacto entre patronales y sindicatos ha sido rápido, lo que evidencia que el mecanismo «está funcionando muy bien».
El texto, a juicio de Escrivá, genera certidumbre porque los ERTES y la prestación a autónomos se extienden hasta el 31 de mayo, último mes en el que estará vigente el actual estado de alarma. Además, simplifica los trámites administrativos para pasar de un ERTE a otro y ha sido fruto del consenso.
Los trabajadores afectados por un ERTE mantendrán una prestación equivalente al 70% de la base reguladora. Asimismo, la cláusula de mantenimiento del empleo se renueva durante seis meses.
Escrivá ha explicado que, con el fin de proteger al tejido productivo se mantienen los tres esquemas de ERTE aprobados el pasado mes de septiembre. Los sectoriales y de cadena de valor, que suponen hasta un 85% de exoneración en las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Los ERTE de impedimento de la actividad por restricciones administrativas, que implican hasta el 100% de exoneración, y los ERTE de limitación de actividad, con exoneraciones decrecientes desde el 100%.
El ministro ha resumido la evolución de los ERTES desde el principio de la pandemia, destacando que en su momento más agudo había 3.600.000 trabajadores protegidos y, con posterioridad, la cifra se ha mantenido estable en torno a 700.000. Asimismo, ha indicado que el impacto en el empleo está siendo mucho menor que en la crisis financiera del año 2008 y la recuperación más rápida que en otros países europeos.
Autónomos
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl Real Decreto refuerza las ayudas a los trabajadores autónomos hasta el 31 de mayo. La prestación de aquellos que han suspendido su actividad como consecuencia de una decisión de las autoridades administrativas será compatible con ingresos por cuenta ajena de hasta de 1,25 veces el Salario Mínimo Interprofesional. Escrivá ha precisado que la protección partiría de 760 euros.
La prestación compatible con la actividad que no se ha recuperado o empeora y sufre caída de ingresos se prorroga. El ministro ha señalado que la ayuda extraordinaria mínima para los que tienen salarios muy bajos será 760 euros. También ha anunciado que la prestación para los trabajadores de temporada será, como mínimo, de 660 euros.
José Luis Escrivá también ha subrayado que los autónomos han superado el nivel de afiliación previo a la pandemia: «Hay 13.000 autónomos más».
Revalorización de las pensiones
El Consejo de Ministros ha aprobado la subida del 0,9% de las pensiones contributivas y del 1,8% de las no contributivas.
El ministro ha destacado que la medida supone un coste fiscal en torno a los 1.500 millones de euros y garantiza el poder adquisitivo a casi 11 millones de pensionistas.
Escrivá ha indicado que es la última vez que se revalorizarán las pensiones sin que exista una regla estable para hacerlo. El Gobierno, ha dicho, está ultimando un acuerdo con los agentes sociales para establecer un mecanismo permanente de revalorización. Esta decisión supondrá un cambio en la Ley General de la Seguridad Social y tendrá que ser aprobada por el Parlamento.
Por otra parte, se mantiene la legislación en materia de pensiones previa a la reforma de 2011 para las personas que salieron del mercado laboral en la crisis financiera de ese año y que no se han reincorporado y los trabajadores procedentes de ERES o de acuerdos anteriores a 1 de abril de 2013.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado que el compromiso del Ejecutivo con los pensionistas es inequívoco y está trabajando, de forma incansable, en la sostenibilidad en el medio plazo del sistema. Además, ha apuntado que las prestaciones del año 2021 responden a la prioridad política que el Gobierno tiene en relación con el colectivo de personas mayores.
Prórroga de los contratos y moratoria de las rentas de alquiler de vivienda
María Jesús Montero ha explicado que el Ejecutivo amplía hasta el 9 de mayo, fecha de finalización del estado de alarma, la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda cuando el arrendador sea un propietario de más de 10 inmuebles urbanos o una entidad pública.
La ministra ha precisado que también se extienden hasta la misma fecha los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor.
Montero ha defendido que son medidas de carácter urgente, necesarias para responder a la situación de los hogares en situación de mayor vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia. El objetivo, ha resaltado, «es que nadie se quede atrás» y que los ciudadanos que necesitan una mayor capacidad de ayuda puedan obtenerla de los poderes públicos.
Restricciones de movilidad con el Reino Unido
El Consejo de Ministros ha prorrogado hasta el 16 de febrero a las 18 horas la limitación de vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y España. Solo se permiten vuelos desde aeropuertos de Reino Unido a aeropuertos en España que transporten, exclusivamente, a nacionales españoles, andorranos o residentes en España o Andorra. Este es también el requisito para permitir la entrada de buques británicos en los puertos españoles.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que se mantiene esta medida para controlar la expansión de la variante británica del COVID-19. En España hay 195 casos confirmados y 161 sospechosos de esta cepa. Aunque estas cifras suponen un porcentaje inferior al 5% del total de casos, Illa ha advertido que hay que seguir con la máxima atención su evolución, puesto que, como ha sucedido en otros países europeos, en un periodo de entre 6 y 8 semanas puede acabar teniendo una prevalencia dominante.
En España hay actualmente una incidencia acumulada de 884 casos de coronavirus por 100.000 habitantes, con un 24% de ocupación hospitalaria y un 40% de ocupación de UCIS. En este «escenario de preocupación», como lo ha definido el ministro, la parte positiva es que la incidencia acumulada a 7 días -419 casos por 100.000 habitantes- indica una tendencia de descenso que también se observa en siete comunidades autónomas. Asimismo, se están logrando cifras récord de realización de pruebas diagnósticas y detección de casos, más de 1,5 millones en la última semana, 3.400 por cada 100.000 habitantes.
Según Illa, «el Plan de respuesta que ya nos dio el éxito al derrotar a la segunda ola nos va a servir para derrotar a la tercera».
