El juez del ‘caso Villarejo’, Manuel García Castellón, ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos con «agravante de género», daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación delito en el denominado ‘caso Dina’ que investiga el supuesto robo del móvil de una exasesora del ahora vicepresidente.
El magistrado de la Audiencia Nacional, tras acabar la instrucción de esta pieza separada ‘Dina’ del macrosumario Tándem sobre las actividades ilícitas del excomisario, entiende que hay indicios suficientes de que el líder de Podemos promovió una investigación judicial contra las supuestas cloacas de Interior, como suele denominarlas el propio Iglesias, a sabiendas de que no tenían nada que ver con esa presunta sustracción del teléfono. Según el instructor, el vicepresidente auspició este supuesto bulo en los tribunales con el único fin de conseguir «ventajas electorales» en los comicios de abril de 2019 presentando al partido morado como víctima de la guerra sucia del Estado.
En su escrito al Supremo, el juez también reclama al alto tribunal la imputación de los otros personajes que supuestamente participaron en este montaje judicial con fines electoralistas: la directora de los servicios jurídicos de Podemos María Gloria Elizo y los letrados de esta formación Marta Flor Nuñez y Rául Carballedo. El instructor también propone imputar a la propia ex asesora Dina Bouselhan y a su marido Ricardo Dasaferreira, estos dos últimos por falso testimonio, ya que no habrían participado en la supuesta farsa, aunque sí la habría encubierto.
Teoría conspiratoria
El magistrado, en su auto considera probado, en esencia, que Iglesias se guardó un tiempo la tarjeta del móvil de su colaboradora consciente de que contenía material íntimo y luego la destruyó para avivar la teoría de la conspiración contra su formación en víspera de las elecciones. Así, García Castellón relata que el robo del teléfono de Bouselhan se produjo el 1 de noviembre de 2015 y que, efectivamente, en noviembre de 2017 en los registros del domicilio de Villarejo se encontraron varios archivos con el material que había en la tarjeta del teléfono.
Ese -relata el juez- sería el único vínculo real del excomisario con el caso porque, de acuerdo con la investigación, el contenido de la tarjeta llegó a Villarejo, que nunca llegó a difundirlo, a través del director de la Revista Interviú, Luis Alberto Pozas y el subdirector, Luis Rendueles, quienes a su vez entregaron una copia al director del Grupo Zeta Antonio Asensio.
Y es ahí donde aparece el líder de Podemos y su supuesta farsa judicial. Según señala el titular del Juzgado central de Instrucción 6, Pablo Iglesias recibió de Antonio Asensio, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original del móvil Bouselham. Iglesias «comprobó» que el dispositivo»almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo» de su excolaboradora. «Pese a ello se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas (ella había sido su asesora) y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015», explica el auto.
García Castellón asegura que Iglesias retuvo la tarjeta después de comprobar que en ella había capturas de pantalla en la que su exasesora guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en los que aparecía el propio líder de Podemos. Unos pantallazos de conversaciones de Telegram que se habían filtrado a los medios de información y que habían sido publicados en julio de 2016.
Tarjeta «inservible»
Finalmente, Iglesias devolvió la tarjeta «inservible» a su excolaboradora en algún momento de 2017. Pero antes Iglesias, según el juez, «puesto de común acuerdo con Gloria Elizo y con la participación de los letrados Raúl carvalledo y Marta Flor Nuñez» y a sabiendas que el origen de la filtración de las conversaciones de mensajería interna de Podemos era la propia Bousselham, decidió poner en marcha una ofensiva judicial personándose como perjudicado y ampliando la denuncia de su excolaboradora. Todo para intentar hacer creer que la publicación de los mensajes era una campaña de las cloacas del Estado que habían «encargado» la tarea a Villarejo de «perjudicar» a Iglesias.
El juez, a la vista de estos datos, zanja que su personación en la pieza separada y su denuncia tenían como una finalidad «estrictamente de oportunidad política».
García Castellón ha decidido seguir apuntando contra el vicepresidente del Gobierno a pesar de que el pasado 16 de septiembre la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le enmendara la plana y le obligara a devolver la condición de perjudicado a Pablo Iglesias en esta pieza tras estimar los recursos de apelación del vicepresidente y de la propia Dina Boulselham contra el auto que le retiró la condición de víctima al líder de Podemos. La Sala de lo Penal entendió, en contra de los que sostiene hoy el juez, que la hipótesis de que de que fueran responsables de Podemos los que filtraran el contenido del chat de Telegram son simples especulaciones sin base.
Iglesias había perdido su condición de perjudicado en este caso el pasado 25 de mayo cuando García Castellón aceptó la petición de la Fiscalía Anticorrupción de impedirle ser acusación solo días después de que Bousselham revelara ante el juez que Iglesias le devolvió la tarjeta de su móvil después de que el contenido íntimo de la misma fuera publicado en varios medios digitales e impresos en verano de 2016.
