El Grupo Parlamentario Popular ha presentado varias iniciativas parlamentarias en el Congreso en las que insta al Gobierno a que deje de aprovechar la crisis del coronavirus para castigar a los empleados públicos, al restarles derechos de forma unilateral y anular confinamientos y teletrabajo durante el estado de alarma.

Por un lado, por el Real Decreto Ley del pasado 21 de abril el Gobierno modifica
sustancialmente, en pleno estado de alarma, el régimen de Clases Pasivas del Estado,
por el que se rigen los empleados públicos en materia de distintas prestaciones.
En una batería de preguntas al Gobierno el GPP considera que dicha decisión unilateral,
despreciando la negociación colectiva, crea un verdadero “estado de alarma” en la función
pública, y lo califica de “atropello gubernamental” a los derechos de los empleados
públicos.

Por otro, el PP denuncia, también a través de una batería de preguntas parlamentarias
que el Ministerio responsable de Función Pública decidió recientemente, tras el fracaso
en las negociaciones laborales, regular de forma unilateral el regreso al trabajo presencial
de los empleados que han estado confinados o teletrabajando en el estado de alarma.
SIN GARANTÍAS SANITARIAS RECLAMADAS

La reincorporación se ha producido sin las garantías sanitarias que reclamaban los
representantes sindicales, por lo que han advertido que no se garantiza la seguridad de
los trabajadores ni la de los ciudadanos en sus relaciones presenciales con la
Administración.

Por ello, el GPP quiere que la ministra de Politica Territorial y Función Pública, Carolina
Darias, comparezca en la Comisión correspondiente del Congreso, para explicar las
actuaciones de su Departamento en relación a los empleados públicos y la decisión de regular unilateralmente el regreso al trabajo presencial de quienes estaban teletrabajando
o confinados tras el fracaso de las negociación laboral con los representantes sindicales.

Las distintas iniciativas parlamentarias van firmadas por la portavoz del GPP, Cayetana
Álvarez de Toledo, los portavoces adjuntos Carlos Rojas y Mario Garcés y los diputados
Llanos de Luna, María Jesús Moro, Tomás Cabezón y Beatriz Jiménez.