Angel Fariña, Consejero del Grupo Socialista PSOE en el Cabildo Insular de la Gomera

El Pleno del Cabildo de La Gomera ha aprobado por unanimidad este viernes una moción presentada por el Grupo Socialista en rechazo a la modificación unilateral de las aguas territoriales de Canarias por parte del Reino de Marruecos.

Ángel Fariña, portavoz del Grupo Socialista PSOE ha afirmado a la finalización del Pleno del Cabildo que “la moción recoge la pertinencia de que cualquier decisión que se tome respecto a la delimitación de aguas territoriales que afecte a Canarias se haga en consenso entre los países afectados, tal y como marca la legalidad internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas.”

Sin ese acuerdo entre ambos países, la delimitación marítima en aguas del Atlántico oriental junto a Canarias no se ajustaría a derecho y, por lo tanto, Marruecos no podría hacerla efectiva unilateralmente.

En ese sentido, dado que no se ha definido el trazado, los límites y las coordenadas de dicha modificación por parte de Marruecos, oficialmente no existen por tanto hechos consumados. Así, lo que se ha dado hasta ahora es el inicio de un proceso legislativo por parte de Marruecos para delimitar su zona marítima en el que lo único que recoge ese expediente es que el país vecino quiere establecer cuáles son sus aguas territoriales, un derecho que tienen todos los países.

La moción presentada por Grupo Socialista en el Cabildo de La Gomera recoge igualmente que, en caso de que el Gobierno y el Parlamento marroquí hiciera efectiva una delimitación unilateral que afecte a las aguas canarias, el Gobierno de España inmediatamente traslade su negación ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para evitar su reconocimiento internacional.

Del mismo modo, además de apoyar la Declaración Institucional del Gobierno de Canarias aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado día 23 de enero, el texto valora positivamente las acciones diplomáticas desplegadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España en coordinación con el Gobierno de Canarias, de manera especial la firmeza a la hora de establecer que no habrá delimitación efectiva de aguas colindantes entre los dos países sin que se produzca un acuerdo previo sobre el reparto de esas aguas por parte de ambos Gobiernos.