Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento de Canarias considera que la modificación de la Ley de Renovación y Modernización Turística, que logró su visto bueno al dictamen de la ponencia esta semana, requiere un trabajo más exhaustivo y sosegado por parte de los grupos parlamentarios.
El diputado de ASG Jesús Ramos, si bien valoró el consenso alcanzado en cuestiones de relevancia como el alquiler vacacional, esperó que en la próxima legislatura se aborde nuevamente esta modificación con el tiempo que precisa. “Nuestra ley turística no se puede hacer deprisa y corriendo, pues de ella depende plenamente el desarrollo turístico de Canarias y por lo tanto, nuestro crecimiento económico”, indicó.
Para Ramos, se trata de un texto que habría que haber abordado con antelación para garantizar la regulación de otros aspectos del sector que hasta ahora no se han estipulado, como el Estatuto de los municipios turísticos. Por ello, explicó que su grupo parlamentario sólo presentó una enmienda destinada a modificar el artículo, en consonancia con la sentencia del Tribunal Constitucional, que derogaba la moratoria establecida por criterios económicos de calidad.
En este sentido, puso el acento en la importancia de no abandonar la senda de un crecimiento sostenible y adaptado a las necesidades que demanda cada Isla. “Es fundamental conocer cuál es nuestra carga turística y la que puede sostener nuestro territorio”, precisó.
Alquiler vacacional
Respecto al anteproyecto del decreto del alquiler vacacional, que esta misma semana el Gobierno presentó a cabildos y ayuntamientos, esperó que tenga una eficacia real y efectiva para las miles de familias que dependen de esta actividad.
Ramos recordó que su grupo parlamentario siempre ha defendido la importancia de respetar la unidad de explotación en el suelo turístico para salvaguardar la protección de esta actividad que aporta al PIB canario el 35%. No obstante, consideró que se debe avanzar hacia la mejora de la calidad, ya que, según explicó los 15.000 millones de euros que proporciona a la economía canaria cada año “no se reflejan en empleos de calidad ni en la mejora del bienestar para los canarios”.
También destacó la necesidad de proporcionar la seguridad jurídica a las personas que alquilan este tipo de vivienda para que quede claro que ese alojamiento no está afectado por la legislación de arrendamientos urbanos y los inquilinos no puedan interponer de forma fraudulenta los derechos de esa normativa específica.
Asimismo, incidió en la necesidad de estar vigilantes para que se dé una correcta publicidad y que el producto que un extranjero contrata en Canarias se ajuste a los ofertado, cumpliendo con las condiciones exigidas de calidad e higiene.
