El uso del suelo rústico ha sido fue el pasado lunes uno de los motivos de división de opiniones entre cabildos y grupos parlamentarios durante la comisión de Cabildos de la Cámara regional que trataba la reforma de la ley de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.
Frente a la posición de CC, PP y ASG, partidarios del cambio en la norma, Podemos, NC y PSOE se sitúan al otro lado, lo que mantiene la Cámara dividida en dos bloques.
En el transcurso de esta reunión, la presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende, subrayó que la ley tiene ya 15 años y ha sufrido ocho modificaciones directas y cinco indirectas, así que a su juicio lo que toca es «ponderar y potenciar un modelo diferenciado», así como la reestructuración y refundición del texto para generar seguridad entre funcionarios y operadores económicos.
Matizó que aunque el perfil de las islas verdes parece idílico, su realidad debe tener un «encaje normativo» porque de lo que se trata es «dar valor al suelo rústico».
El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, subrayó que hay que tener en cuenta la pérdida de población de estas tres islas y pidió a los grupos una reflexión «sensata» para que La Gomera no sea un «parque» donde ven pasar la riqueza sin poder gestionarla. «No vamos a fijar a la población del futuro una realidad agrícola porque hay que trabajar para diversificar la economía», apuntó Curbelo, quien agregó que aunque no ve a La Gomera dentro de 30 años con más de 35.000 habitantes, no quiere decir que la gente que nazca en esa isla no pueda tener posibilidades de desarrollar su vida allí. «Queremos un desarrollo sostenible y que el parlamento sea capaz de refundir en un texto único», concluyó.
