En una entrevista publicada este domingo por Diario de Avisos, la edil ha señalado que Sánchez está jugando «con remover el odio y dividir otra vez a España en dos bandos». Pero al mismo tiempo considera que «hay que tener en cuenta la memoria histórica para no olvidarla».
Según recoge Público, Castro, que evita calificar directamente a Sánchez de dictador, ha dicho que «lo que es evidente es que [el presidente] se está cargando la democracia». «Yo creo en la democracia y considero que todos tengan sus ideas, pero no está bien que se tome una decisión así sin tener en cuenta, por ejemplo, al Senado, como ha hecho Sánchez con un decretazo», ha expresado la alcaldesa conservadora tras la aprobación del decreto ley que permitirá exhumar los restos de Franco del mausoleo del Valle de los Caídos.
Habría que quitar el 80% de leyes franquistas
La edil ha asegurado que en la plaza del Ayuntamiento de Güimar hay una «cruz de esa etapa». Y, en el caso de que tuvieran que quitarla, «como quieren quitar el Valle de los Caídos», tendrían que «quitar el 80% de las leyes que son de la época franquista, los embalses, los colegios públicos…». Pese a no declararse franquista, insiste en que «no se puede imponer y arrasar con todo lo que se hizo entonces».
Piden su cese inmediato
Después de estas declaraciones, el Foro Canario de Víctimas del Franquismo ha pedido al PP que cese de manera inmediata y expulse del partido a la alcaldesa por enaltecer el fascismo y calificar de «dictador» al presidente Pedro Sánchez.
El Foro afirma que la alcaldesa vulnera de manera flagrante la ley de Memoria Histórica y considera «una vergüenza y un insulto a la inteligencia» que una representante pública no tenga respeto por todos los miles de asesinados «por ese criminal de lesa humanidad en las Islas Canarias y en el resto del Estado».
Acusa a la regidora de carecer de ética política y humillar a las familias de más de 5.000 canarios arrojados a pozos, simas volcánicas y al mar, a los 765 fusilados en Consejos de Guerra ilegales, sólo en Canarias, y 140.000 en toda España.
El Foro hace un llamamiento a todas las organizaciones sociales, culturales, políticas y sindicales de Canarias y del Estado español a sumarse a esta exigencia del cese inmediato «de este siniestro personaje» a la dirección canaria y estatal del PP, pues opina que el mantenimiento en su cargo público supone «una agresión sin precedentes» a los valores democráticos y a las libertades.
