Resulta alarmante pensar que, mientras nuestros dirigentes y las leyes autonómicas reivindican una Escuela Pública de calidad en el Archipiélago canario para poder situarla a la altura de otros sistemas educativos europeos, aquellos opositores que hemos aprobado un duro proceso -calificado por los propios representantes de la Consejería de Educación como “un proceso que selecciona la excelencia”- no podamos tener opción a mostrar nuestra valía hasta, al menos, dentro de dos cursos escolares.
Llama la atención que sea esa misma Consejería la que permita que estos docentes, que hemos superado las distintas pruebas eliminatorias, ahora no tengamos la opción de desempeñar nuestra labor en las aulas para el próximo curso escolar 2018-2019, privando, por tanto, al sistema educativo de esa “excelencia” que desde el propio ejecutivo autonómico se ha promovido.
Es por ello, por lo que este colectivo de aprobados en la oposición, y sin plaza después de un concurso de méritos donde prima hasta en un 40% la experiencia en la escuela pública, hemos decidido crear una plataforma con comisiones de trabajo en todas las Islas, para reivindicar el derecho legítimo que nos hemos ganado para ejercer la docencia, de inmediato, en los centros de enseñanza, así como exigir que nuestro aprobado sea tenido en cuenta en la fase de méritos de próximos concursos.
La pretensión de esta plataforma, no es otro, que el reconocimiento al derecho que tenemos los aprobados sin plaza a trabajar y desarrollar nuestra labor como docentes cualificados en donde corresponde, que no es otro lugar que en las aulas canarias, en beneficio del sistema educativo así como de los miles de alumnos que cursan las enseñanzas regladas o de régimen especial, habiendo demostrado para ello, los conocimientos técnicos de las materias, así como el dominio del currículo canario y
capacitación didáctica demostrada ante los tribunales evaluadores.
De lo contrario, podría darse la paradójica situación de que estos docentes aprobados en la
oposición no pasemos a formar parte del cuerpo de funcionarios interinos que ocupan las vacantes en toda la Comunidad, debido a una paralización transitoria del Decreto 74/2010 que regula las listas de empleo en Canarias, el cual expone muy claramente en su artículo 6 apartado 3: “que las correspondientes listas de empleo estarán vigentes hasta su sustitución por nuevas listas derivadas de pruebas selectivas”.
Esta contradicción legislativa y constitutiva de posible nulidad jurídica ya está siendo estudiada por juristas especializados en Derecho Administrativo, a fin de emprender las acciones judiciales amparadas en la Constitución Española.
Cabe resaltar que este colectivo no está dispuesto a someterse a las pretensiones de otros
interesados que abogan por mantener a los aprobados apartados del sistema público de enseñanza, el cual se debe fundamentar en procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad, tal y como señala el Estatuto Básico del Empleado Público. De hecho, nos sentimos respaldados por distintos agentes socio-políticos de Canarias, tales como el Diputado del Común, representantes de medios de comunicación o de la propia Consejería de Educación, que han mostrado
receptividad a las cuestiones planteadas valorando positivamente el mérito de los aprobados, y por tanto nuestro derecho a ser reconocidos. Confiamos en que esta voluntad social y política manifiesta nos permita incorporarnos en los distintos centros educativos de Canarias para el próximo curso escolar 2018/2019.
De lo contrario, continuaremos con las distintas acciones ya iniciadas.
